Anuncia María Dolores de Cospedal la decisión de expedientar al senador por León, Juan Morano, por votar a favor de las ayudas al carbón en la Ley de presupuestos, rompiendo la disciplina de partido, además de tener que abonar una multa por el mismo concepto.
Está claro que los problemas de la minería, que tienen en pie de guerra a los trabajadores del sector, no se contemplan con los mismos ojos desde los lugares en los que se encuentran las cuencas, que desde los cómodos sillones de Madrid, dónde parece considerarse una falta grave atender a un problema de conciencia, cuando choca diametralmente con una directriz impuesta por el partido a sus militantes, tánto como para ser considerada motivo de sanción.
Ya decíamos el otro día que en Europa se considera el carbón una fuente de energía ciertamente obsoleta y que se busca el objetivo final de un cierre paulatino de los pozos en los que miles de familias españoles tienen su única fuente de ingresos y los populares, aunque no lo dicen, han visto una manera de cumplir con esta meta, negando las ayudas que el sector venía recibiendo hasta ahora, sin atreverse a dar carpetazo a una cuestión que les tiene enfrentados con los mineros que marchan en este momento hacia la Capital, en justa reivindicación de su derecho al trabajo.
Más de una voz en el seno de la formación conservadora, ha mostrado a las claras su disconformidad con estas medidas, seguramente por una proximidad geográfica que les identifica con la suerte que correrán estas familias, y han apoyado las acciones llevadas a cabo en el gremio, uniéndose a los encierros o a las huelgas, y haciendo comentarios a la prensa que criticaban con dureza las propuestas de su propia formación, probablemente convencidos de estar haciendo lo correcto.
Estas opiniones personales no han gustado nada a las élites populares, que se han apresurado a incoar expedientes contra quienes se han atrevido a disentir, como si fuera delito desobedecer la voz de un amo que ni siquiera se trata del Presidente del Gobierno, ya que en este caso se sabe certeramente, que el futuro de la minería española se encuentra en una cuerda floja que Europa se está encargando de destensar, hasta que al final, se acabe rompiendo.
El expedientado en cuestión, ya ha manifestado que por su edad y condición, sabe perfectamente lo que hace y que no piensa permitir injerencias en su manera de pensar, ya que le parece que de este modo, se está minando su libertad de expresión, a la que tiene derecho como ciudadano de un país democrático.
Y es evidente que tiene razón, pero el aparato político de cualquier partido, y en este caso del Popular, seguramente no está dispuesto a consentir cismas internos que puedan poner en peligro sus relaciones con los que mandan en la Comunidad, y menos aún en el delicado momento en que el montante del rescate aún no se encuentra en manos españolas, siendo por tanto observados con lupa nuestros movimientos, por si acaso no resultásemos merecedores de tan apetitoso “regalo”.
Poco importan desde luego a los valientes mineros españoles y a todo aquel que apoya su batalla, estos entresijos de la macroeconomía que se traen entre manos los políticos durante el fatídico desarrollo de esta crisis y menos aún, si al Partido Popular le conviene o no que sus militantes anden mezclados con luchas que probablemente, parecen más propias de la izquierda, pero es seguro que si la sanción contra el senador por León es llevada a la práctica, será entendida como una medida represiva más por quienes en este momento se encuentran en plena reivindicación de sus derechos.
Por eso quizá sería conveniente respetar las opiniones de las personas cuando su conciencia no les permite aceptar según qué disciplinas, en lugar de rizar el rizo con expedientes sancionadores que podrían dejar al descubierto una cierta inclinación a la tiranía.
O tal vez convendría emplear parte de los presupuestos en viajar a los sitios donde se vive la tragedia y confraternizar con los afectados por las medidas que se están tomando, para tomar conciencia de cuál es verdaderamente la raíz del problema y estudiar si puede haber otra alternativa menos drástica que lo solucione, sin pasar por el drama del despido que deje sin futuro a más españoles aún de los que ya tenemos.
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