Las familias de los fallecidos en el accidente del Yak 42 no cesan de recibir golpes bajos desde que tuviera lugar su desgracia.
A la dolorosa pérdida de sus seres queridos hubieron entonces de añadir una escandalosa confusión en la identificación de los cadáveres y el infinito desprecio de las autoridades al mando en aquella época, encabezados por el hoy embajador en Londres, señor Trillo.
Tras haber dado sepultura a los que creían sus parientes, descubrieron que lo que se escondía debajo de aquellas fosas era un conglomerado de restos apresuradamente repatriados, que nunca les permitieron ver y cuyos nombres fueron confundidos, de manera que se entrecruzaron las identidades de los fallecidos en una ignominiosa chapuza, que pretendía ocultar la contratación a bajo precio de un avión de dudosa seguridad, que como todos sabemos, acabó estrellándose.
Tras largos y penosos años de continua lucha para llegar al fondo del asunto y después de haber obtenido como única respuesta un solo juicio, en el que un par de militares fueron condenados a unas penas de cárcel que nunca se llevaron a la práctica, el Gobierno Razjoy, en una muestra de “magnanimidad”, concedió hace unos días el indulto a los implicados, dando un atroz carpetazo a un incidente, que el PP siempre ha estado deseando enterrar.
La sociedad española que ya entonces asistió atónita al suceso y que se posicionó de inmediato con los familiares de las víctimas y con su indignación por la pésima gestión del gobierno Aznar en aquella macabra pantomima, vuelve a mirar con recelo esta resolución de una justicia, que se aparta a pasos agigantados de sus objetivos primeros, para confundirse en una bruma espesa de favoritismos, incomprensibles para el buen funcionamiento de de los Estados modernos.
No es de extrañar que los afectados hayan decidido no cesar en su pugna, del mismo modo en que no lo haría cualquiera que se encontrara en una tesitura semejante y que se duelan de no haber sido capaces de desentrañar la verdad de lo que ocurrió a los suyos, a pesar de haberlo intentado durante varias legislaturas y con gobiernos de distinto signo.
Nadie, dicen, les ha pedido a día de hoy perdón por la incomprensible experiencia que se vieron obligados a soportar, ni se ha juzgado, desde su punto de vista, a todos los culpables de lo ocurrido, ni se les ha ofrecido, al menos, una solidaridad que ayude a sobrellevar unas heridas, imposibles de cerrar hasta que no encajen todas y cada una de las piezas.
Al inaceptable mutismo de las altas instancias, se suma también que probablemente, el paso del tiempo termine con el recuerdo de esta historia sin resolver, enterrando en un olvido no deseado a las víctimas y diluyendo la lucha de los suyos, a base de cansancio.
Como ya hemos dicho otras veces, alargar determinados conflictos en el tiempo, no es más que una manera de enconarlos, potenciando un odio no deseado que nunca tendrá fin, si no se encuentra el camino de la verdad y se recorre para empezar a perdonar.
Este indulto, que viene a poner el dedo en la llaga de una serie de familias, que siguen su batalla en soledad por reivindicar lo que ocurrió con sus seres queridos, es la historia de todos nosotros y merece el respeto y la consideración de cualquiera que se considere persona de bien y parte de un pueblo, demasiado harto de mentiras.
Si hubo indicios de prevaricación en la contratación de aquel avión, queremos saberlo, al igual que de dónde salió la orden para contratarlo y de quién partió. Queremos que se nos explique por qué las identificaciones fueron erróneas y qué prisa se tenía en sepultar a los fallecidos, al organizar una serie de ceremonias, sólo un par de días después del accidente y sin permitir que los familiares abrieran los féretros.
A pesar de haber pasado quizá, demasiado tiempo, nos unimos a las familias de los afectados, que bien podían haber sido los nuestros, en su afán por no permitir que caiga en olvido aquella parte de sus vidas y nos dolemos también de la injusticia que para con ellos representa este perdón a los condenados, aunque ya todos sabemos, ellos y nosotros, que la justicia española está herida de muerte.
A la dolorosa pérdida de sus seres queridos hubieron entonces de añadir una escandalosa confusión en la identificación de los cadáveres y el infinito desprecio de las autoridades al mando en aquella época, encabezados por el hoy embajador en Londres, señor Trillo.
Tras haber dado sepultura a los que creían sus parientes, descubrieron que lo que se escondía debajo de aquellas fosas era un conglomerado de restos apresuradamente repatriados, que nunca les permitieron ver y cuyos nombres fueron confundidos, de manera que se entrecruzaron las identidades de los fallecidos en una ignominiosa chapuza, que pretendía ocultar la contratación a bajo precio de un avión de dudosa seguridad, que como todos sabemos, acabó estrellándose.
Tras largos y penosos años de continua lucha para llegar al fondo del asunto y después de haber obtenido como única respuesta un solo juicio, en el que un par de militares fueron condenados a unas penas de cárcel que nunca se llevaron a la práctica, el Gobierno Razjoy, en una muestra de “magnanimidad”, concedió hace unos días el indulto a los implicados, dando un atroz carpetazo a un incidente, que el PP siempre ha estado deseando enterrar.
La sociedad española que ya entonces asistió atónita al suceso y que se posicionó de inmediato con los familiares de las víctimas y con su indignación por la pésima gestión del gobierno Aznar en aquella macabra pantomima, vuelve a mirar con recelo esta resolución de una justicia, que se aparta a pasos agigantados de sus objetivos primeros, para confundirse en una bruma espesa de favoritismos, incomprensibles para el buen funcionamiento de de los Estados modernos.
No es de extrañar que los afectados hayan decidido no cesar en su pugna, del mismo modo en que no lo haría cualquiera que se encontrara en una tesitura semejante y que se duelan de no haber sido capaces de desentrañar la verdad de lo que ocurrió a los suyos, a pesar de haberlo intentado durante varias legislaturas y con gobiernos de distinto signo.
Nadie, dicen, les ha pedido a día de hoy perdón por la incomprensible experiencia que se vieron obligados a soportar, ni se ha juzgado, desde su punto de vista, a todos los culpables de lo ocurrido, ni se les ha ofrecido, al menos, una solidaridad que ayude a sobrellevar unas heridas, imposibles de cerrar hasta que no encajen todas y cada una de las piezas.
Al inaceptable mutismo de las altas instancias, se suma también que probablemente, el paso del tiempo termine con el recuerdo de esta historia sin resolver, enterrando en un olvido no deseado a las víctimas y diluyendo la lucha de los suyos, a base de cansancio.
Como ya hemos dicho otras veces, alargar determinados conflictos en el tiempo, no es más que una manera de enconarlos, potenciando un odio no deseado que nunca tendrá fin, si no se encuentra el camino de la verdad y se recorre para empezar a perdonar.
Este indulto, que viene a poner el dedo en la llaga de una serie de familias, que siguen su batalla en soledad por reivindicar lo que ocurrió con sus seres queridos, es la historia de todos nosotros y merece el respeto y la consideración de cualquiera que se considere persona de bien y parte de un pueblo, demasiado harto de mentiras.
Si hubo indicios de prevaricación en la contratación de aquel avión, queremos saberlo, al igual que de dónde salió la orden para contratarlo y de quién partió. Queremos que se nos explique por qué las identificaciones fueron erróneas y qué prisa se tenía en sepultar a los fallecidos, al organizar una serie de ceremonias, sólo un par de días después del accidente y sin permitir que los familiares abrieran los féretros.
A pesar de haber pasado quizá, demasiado tiempo, nos unimos a las familias de los afectados, que bien podían haber sido los nuestros, en su afán por no permitir que caiga en olvido aquella parte de sus vidas y nos dolemos también de la injusticia que para con ellos representa este perdón a los condenados, aunque ya todos sabemos, ellos y nosotros, que la justicia española está herida de muerte.
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