Con la precipitación acostumbrada de los últimos días, el Gobierno de Rajoy pretende ahora decretar una Ley que castigue con cárcel a todos aquellos que, a través de las nuevas tecnologías, convoquen o inciten a convocar manifestaciones espontáneas, que puedan a criterio de la autoridad competente, provocar desórdenes callejeros.
Desde que los españoles ganamos los derechos de expresión y reunión, tras la muerte de Franco, habíamos dado por sentado que la época negra en que se consideraba delito emitir opiniones contrarias al régimen y expresar con libertad una protesta, solos o en compañía de otros, habían quedado atrás para siempre y que la libertad se había instalado entre nosotros como una forma natural inherente a nuestra esencia humana, sin que nada hiciera presagiar que después de treinta y cinco años, pudiera criminalizarse de nuevo, algo que costó tanto conseguir.
Pero han bastado tres meses de gobierno del PP y unas cuantas protestas colectivas, incluida la de la Huelga General, para sobresaltar las conciencias conservadoras que nunca fueron, la verdad, demasiado partidarias de este tipo de eventos.
Ya habíamos empezado a oír hablar de una revisión del derecho de huelga y soportado múltiples acusaciones, si decidíamos sumarnos a cualquier acto con participación numérica alta, como si de repente estuvieran resucitando fantasmas de un pasado todavía cercano en el tiempo y se tratara de hacernos callar, como fuera, cuando nuestra opiniones no coincidían con las que se dictaban desde el poder.
¿Qué teme la derecha cuando decide lesionar de esta forma la voz libre de los ciudadanos, recurriendo a subterfugios que ilegalizan nuestras formas de expresión, con excusas que nada tienen que ver con los auténticos motivos que nos mueven a convocar o acudir a los actos de protesta?
¿Se puede decir que un sistema es auténticamente democrático mientras se toman estas medidas, más propias de regímenes totalitarios, en los que discrepar se castiga violentamente?
¿Es constitucionalmente lícito atentar contra la libertad de opinión de los ciudadanos, llevándolos ante los tribunales y exigiendo su encarcelamiento, en el caso de que su sentir no coincida con lo impuesto desde el poder y qué línea marcaría lo que se pudiera considerar un desorden callejero, que de inmediato criminalizaría a quien lo provocara, aumentando su posible condena?
Habría que recordar que nada temían estos mismos cuando tomaban las calles, con los Obispos en avanzadilla, para recriminar las Leyes del Aborto o la de los Matrimonios entre homosexuales, llegando a increpar a Ministros del antiguo gobierno, sin que se les considerara por ello alteradores del orden público, ni se les condenara a prisión como a vulgares ladrones.
También habría que dejar claro que no es delito pertenecer a formaciones opuestas a la ideología conservadora que el PP representa y que precisamente en esa pluralidad reside la grandeza de una auténtica Democracia, que es la que permite la convivencia pacífica de los ciudadanos de toda condición o credo, como queda establecido en nuestra propia Constitución.
Pero el temor de la derecha está estrechamente relacionado con que si los levantamientos populares se hacen cada vez más frecuentes, pueda sobrevenirles una pérdida de poder y naturalmente, la forma de evitarlo es comenzar a silenciar las voces discrepantes de los que no tememos decir la verdad. La palabra siempre tuvo más fuerza que las armas y no resulta grata a quienes cuya única ambición es permanecer al mando de las naciones al precio que sea.
Así que probablemente, más de uno de nosotros seremos, a partir de ahora, acusados de banquillo por motivos ideológicos que incitan a los demás a no dejarse esclavizar y a decirlo, teniendo que pasar, de nuevo, a una especie de clandestinidad operativa que nos permita seguir alzando la voz en contra de lo que consideremos injusto.
Evidentemente, no vamos a conformarnos con esta represión encubierta que pretende acallarnos, a base de una violencia administrativa, amparada en una suerte de legalidad absolutamente ilícita. Ya hemos vivido antes una situación como ésta y aquí seguimos, pese a quien pese.
Desde que los españoles ganamos los derechos de expresión y reunión, tras la muerte de Franco, habíamos dado por sentado que la época negra en que se consideraba delito emitir opiniones contrarias al régimen y expresar con libertad una protesta, solos o en compañía de otros, habían quedado atrás para siempre y que la libertad se había instalado entre nosotros como una forma natural inherente a nuestra esencia humana, sin que nada hiciera presagiar que después de treinta y cinco años, pudiera criminalizarse de nuevo, algo que costó tanto conseguir.
Pero han bastado tres meses de gobierno del PP y unas cuantas protestas colectivas, incluida la de la Huelga General, para sobresaltar las conciencias conservadoras que nunca fueron, la verdad, demasiado partidarias de este tipo de eventos.
Ya habíamos empezado a oír hablar de una revisión del derecho de huelga y soportado múltiples acusaciones, si decidíamos sumarnos a cualquier acto con participación numérica alta, como si de repente estuvieran resucitando fantasmas de un pasado todavía cercano en el tiempo y se tratara de hacernos callar, como fuera, cuando nuestra opiniones no coincidían con las que se dictaban desde el poder.
¿Qué teme la derecha cuando decide lesionar de esta forma la voz libre de los ciudadanos, recurriendo a subterfugios que ilegalizan nuestras formas de expresión, con excusas que nada tienen que ver con los auténticos motivos que nos mueven a convocar o acudir a los actos de protesta?
¿Se puede decir que un sistema es auténticamente democrático mientras se toman estas medidas, más propias de regímenes totalitarios, en los que discrepar se castiga violentamente?
¿Es constitucionalmente lícito atentar contra la libertad de opinión de los ciudadanos, llevándolos ante los tribunales y exigiendo su encarcelamiento, en el caso de que su sentir no coincida con lo impuesto desde el poder y qué línea marcaría lo que se pudiera considerar un desorden callejero, que de inmediato criminalizaría a quien lo provocara, aumentando su posible condena?
Habría que recordar que nada temían estos mismos cuando tomaban las calles, con los Obispos en avanzadilla, para recriminar las Leyes del Aborto o la de los Matrimonios entre homosexuales, llegando a increpar a Ministros del antiguo gobierno, sin que se les considerara por ello alteradores del orden público, ni se les condenara a prisión como a vulgares ladrones.
También habría que dejar claro que no es delito pertenecer a formaciones opuestas a la ideología conservadora que el PP representa y que precisamente en esa pluralidad reside la grandeza de una auténtica Democracia, que es la que permite la convivencia pacífica de los ciudadanos de toda condición o credo, como queda establecido en nuestra propia Constitución.
Pero el temor de la derecha está estrechamente relacionado con que si los levantamientos populares se hacen cada vez más frecuentes, pueda sobrevenirles una pérdida de poder y naturalmente, la forma de evitarlo es comenzar a silenciar las voces discrepantes de los que no tememos decir la verdad. La palabra siempre tuvo más fuerza que las armas y no resulta grata a quienes cuya única ambición es permanecer al mando de las naciones al precio que sea.
Así que probablemente, más de uno de nosotros seremos, a partir de ahora, acusados de banquillo por motivos ideológicos que incitan a los demás a no dejarse esclavizar y a decirlo, teniendo que pasar, de nuevo, a una especie de clandestinidad operativa que nos permita seguir alzando la voz en contra de lo que consideremos injusto.
Evidentemente, no vamos a conformarnos con esta represión encubierta que pretende acallarnos, a base de una violencia administrativa, amparada en una suerte de legalidad absolutamente ilícita. Ya hemos vivido antes una situación como ésta y aquí seguimos, pese a quien pese.
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