La conciencia excluyente

Conseguir la unanimidad en las cuestiones llamadas de conciencia resulta una tarea casi imposible. Entendiendo que la diversidad de opiniones lleva consigo posturas diametralmente opuestas, alcanzar un consenso en todo lo que tenga que ver con la ideología o las creencias es labor de titanes y cuando se consigue legislar con el apoyo de las mayorías, incluso se hace difícil el cumplimiento de las normas por los que desde el principio se opusieron a ellas.
Este ámbito, que debiera cernirse a lo estrictamente personal e íntimo, suele llevar a movilizaciones casi siempre encabezadas por las alas más integristas de las religiones y por los líderes políticos más recalcitrantes. Y no habría nada que objetar si no trataran desaforadamente de imponer su postura a los demás con una retórica rancia que suena a orden dictatorial y no a convencimiento pacífico.
No debiera ser lícito saltarse el cumplimiento de las leyes. El caso de Navarra, que deriva a las mujeres que se acogen a su derecho al aborto a otras comunidades, es un ejemplo claro de intolerancia y raya en la desobediencia civil demostrando una sospechosa cercanía con las teorías del Opus dei, que tantos adeptos tiene en esa comunidad.
La decisión de abortar no suele ser caprichosa, ni resulta agradable para quienes se ven en muchos casos , obligadas a practicarla por motivos tan personales, que no ha lugar a una injerencia y menos a una negativa categórica.
Ha costado mucho esfuerzo establecer este derecho. Es sabido que las prácticas abortivas ilegales se encontraban establecidas en el país y que han segado muchas vidas de mujeres que se sometían a ellas en condiciones médicamente intolerables.
Negar esta evidencia, es negar la realidad, tratar de correr un tupido velo sobre un problema latente en nuestra sociedad para pintarnos un mundo de fantasía casi siempre apoyado en la posibilidad económica de los que más tienen para poder salir del estado si se vieran en esta tesitura. Las clínicas abortivas de Londres han sido visitadas con frecuencia por una suerte de señoritas bien, muchas de las cuales engrosan ahora las filas de los gloriosos apellidos de los que claman en contra de la popularización de las leyes.
Este dar a entender que en la comunidad de Navarra no existen estadísticas de posibles solicitantes de abortos, es una pretensión descarada de disfrazar una verdad latente en todas las sociedades modernas. Es también, negar sistemáticamente el derecho a la decisión de las mujeres, amordazar su libertad, ahogar sus posibilidades de un futuro mejor y relegarlas al último lugar de la geografía u obligarlas a desplazarse a otros comunidades lejos de su ambiente familiar, señalándolas como ovejas negras descarriadas portadoras de un estigma de pecado sin remisión posible.
Que el Estado consienta estas aberraciones representa una vuelta al pasado inconcebible y desdeñable. Porque es su primer deber hacer cumplir a rajatabla las leyes establecidas sin excepciones y hacer llegar a todos los rincones del territorio que gobiernan una igualdad que posibilite un criterio único para todos sus habitantes.
Esta discriminación flagrante revela un sometimiento tácito a unas reglas del juego dictadas por una minoría ultra conservadora que no presenta síntoma alguno de evolución en sus ancladas posturas de ostracismo.
Solo falta poner una letra escarlata en el pecho de estas mujeres y si no remiten en su decisión, quemarlas en la hoguera.