Justicia real ya

La sentencia del Tribunal Constitucional, que acaba de avalar el Decreto del gobierno Zapatero que redujo el sueldo de los funcionarios como medida contra la crisis, vuelve a poner en tela de juicio la aplicación de una imparcialidad rigurosa con las demandas de los ciudadanos y el partidismo claro de unos jueces, que suelen decantarse por la ley del más fuerte, abandonando cualquier atisbo de justicia social, mancillando derechos adquiridos que debieran ser intocables.
Ya en su momento hablamos de que esta rebaja salarial era la puerta de los recortes que después se reflejaron en la reforma laboral y advertimos del peligro de aceptar sin protestas el decreto, a pesar de la demanda presentada contra la constitucionalidad del mismo por los Sindicatos y el amplio rosario de absurdas explicaciones ofrecidas por un gobierno que se limitaba a seguir las imposiciones de la madre Europa,
El salario es, como tal, el fruto sagrado del trabajo realizado por los individuos y por tanto, resulta un atentado grave intentar adecuar su importe a las necesidades de cualquier gobierno que ha gestionado mal su política, llegando a situaciones desesperadas de las que resulta prácticamente imposible salir.
Es asimismo inaceptable, obtener beneficios del trabajo de los demás convirtiendo la vida laboral de un sector de los ciudadanos en mera explotación, aprovechando su rendimiento personal para enriquecer las arcas del Estado, al mismo tiempo que se emplean fondos en la salvación de los bancos, que por cierto, en nada socorren las necesidades auténticas de la gente y que incluso se atreven a negociar con las ayudas en la obtención de beneficios para las entidades que las solicitaron por encontrarse, teóricamente, en riesgo.
La incompetencia del tribunal Constitucional asintiendo con su sentencia al asalto descarado que se ha practicado contra el bolsillo de los trabajadores públicos, lleva a la reflexión directa sobre la necesidad perentoria de obtener una justicia real ya, que se coloque del lado de la verdad en cualquier litigio en que se pueda dirimir derechos inalienables que afecten al pueblo soberano.
Esta politización de la justicia, que interrumpe taxativamente el desarrollo natural de las funciones para las que fue creada, ahonda en el mal concepto que se tiene de los que sentencian sobre los conflictos y crea una desconfianza en su funcionamiento, dada la imagen esperpéntica que ofrecen las altas esferas del poder judicial y los que se sientan en los sillones de máxima altura de los tribunales del país.
Sólo queda el recurso de Estrasburgo para rehacer el desaguisado que acaba de organizar este fallo, aunque la fe del funcionariado en que el asunto se resuelva a su favor es casi nula, mientras ve como su poder adquisitivo queda definitivamente mermado, a pesar de cumplir las mismas tareas que realizaba antes de la rebaja salarial.
El precedente creado ahora por el Constitucional, dará la razón pues, a cualquiera que quiera recortar el salario de los trabajadores de la empresa privada, independientemente de los convenios colectivos firmados, si se alegase riesgo de pérdidas cuantiosas, convirtiendo así en moneda de cambio, lo conseguido a cambio de su esfuerzo por el obrero.
Habrá que estar alerta desde los movimientos ciudadanos, concienciados con los problemas reales de las mayorías y ahondar en la exigencia de un cambio radical y pronto en el sistema judicial, para que no vuelvan a producirse sentencias tan nefastas como ésta, que coloca a los funcionarios una sólida mordaza en la reclamación del atropello cometido con ellos por un tiránico y escandaloso Estado.