Una infracción muy oportuna

Precisamente cuando el juez Ruz parece haber hallado indicios de la financiación ilegal del PP, salta a la palestra la impenitente Esperanza Aguirre, esta vez, como protagonista de una infracción de tráfico que terminó según los agentes sancionadores, con una fuga de la ex Presidenta madrileña, pero que la coloca de nuevo en el candelero informativo, consiguiendo captar la atención de unos periodistas que seguramente harían mucho mejor su labor si se adentraran ahora que pueden, en los entresijos de ocurrido en Génova, en vez de especular con un incidente que tiene la importancia que tiene y que eso sí, demuestra que Aguirre incurre como siempre, en un grave pecado de prepotencia.

 Es verdad que aparcar en el carril Bus de la Gran Vía, obstaculizando el enorme tráfico que por allí discurre es, a todas luces, una infracción contra el código de la circulación y que merece la sanción impuesta por los agentes sea quién sea el autor del delito y cierto es que no ha lugar a la protesta y posterior fuga de la ex Presidenta y mucho menos a los comentarios ofensivos que ha venido vertiendo en los medios sobre los agentes de movilidad y la policía, ahora que han actuado contra ella y no contra manifestantes ni perro flautas, de esos a los que suele aludir Aguirre, cuando pide mayor contundencia policial a la hora de controlarlos.

También es cierto que no por ser quién es ha de tener mayor peso su palabra que la de los agentes, que no han hecho otra cosa que cumplir cabalmente con su obligación, puesto que la misma protagonista de los hechos confesaba haber aparcado en zona prohibida, aunque después difería de la versión oficial negando haberse fugado, a pesar de que en su huída rozó una de las motos de los policías y a punto estuvo de atropellar a quien la pilotaba.

Pero este rifirrafe tenga quién tenga la razón, no puede ni debe convertirse en tema obligado de todos los debates televisivos, ni ocupar las primeras páginas de los periódicos como si de una emergencia nacional se tratara, pues ya se encargará la ley de dilucidar si la ex Presidenta incurrió en qué delitos y de aplicarle las sanciones que correspondan, en caso de probarse su culpabilidad en los hechos denunciados por los agentes.

Lo verdaderamente importante estos días, sigue siendo si puede probarse la existencia de sobresueldos en negro en el PP y si ese delito fiscal pudiera traer consigo la inmediata imputación de todos sus protagonistas, a saber, de cuántos figuran en los famosos papeles de Bárcenas, ahora en posesión del juez.

Porque si es así, no se puede olvidar que uno de esos nombres corresponde nada menos que al Presidente del gobierno y que no aparece allí reflejado una vez, sino muchas, como perceptor de cantidades provenientes de los donativos forzosos ofrecidos por determinados empresarios, favorecidos después con la adjudicación de obras públicas que les reportaron pingues beneficios.

Si esto llegara a probarse, mucho descaro tendría Rajoy si pretendiera mantenerse en su puesto como si nada hubiera pasado, siendo su presunto delito una forma de corrupción que, encima, chocaría frontalmente con el sacrificio que ha venido exigiendo a la totalidad de unos ciudadanos, a los que su política de recortes ha colocado al borde de un abismo insalvable, amén de privarles de gran parte de sus bien ganados derechos.

Y es precisamente la gravedad de este asunto el que activa el mecanismo de los malos pensamientos y hace que una se pregunte si la infracción de Aguirre no habrá sido hecha adrede, para desviar la atención mediática de lo ocurrido entre las paredes de la sede del PP y otras cuestiones, como la de la Gurtel, que afectan directamente a los populares y en particular, al gobierno madrileño que presidió Aguirre, tan implicado en el segundo de los casos.

A los ciudadanos ya no nos extraña nada y para que quede constancia de que también nosotros somos capaces de imaginar cuál pudiera ser el trasfondo de determinados asuntos, lo decimos. Y lo peor, es que acertamos casi siempre.