Pide el hijo de Suárez la retirada del libro de Pilar Urbano,
que se está convirtiendo, antes de aparecer, en un debate presente en todos los
foros, por considerar que injuria gravemente la figura de su recién
desaparecido padre y por tanto, negando la teoría de que el Rey conocía y
apoyaba la conspiración del 23F, cuestión que también se ha apresurado a
desmentir otro de los protagonistas de aquella historia, Felipe González.
Uno no sabe cómo se pueden lanzar determinadas teorías, si
son mentira y tampoco comprende si son verdad, por qué quien las propone no
aporta a la vez todas las pruebas de que presuntamente dispone, o no se
atrevería a proponer afirmaciones tan graves contra nada menos que la cabeza
del Estado, arriesgando el prestigio y la carrera, simplemente por publicar un
libro.
El momento tampoco es precisamente oportuno, primero porque
el ex Presidente acaba de ser enterrado y después, porque al sufrir los
españoles problemas muy graves a
consecuencia de la crisis, lo que ocurrió hace treinta tres años, poco o nada
importa realmente ahora, por mucho interés que se tenga en llegar al fondo de
una verdad, que probablemente nunca terminaremos de conocer del todo.
Una gran mayoría de ciudadanos ni siquiera tiene recursos
para comprar el libro de Urbano, ni ningún otro, acuciados como están por la
falta de empleo y, por tanto, conceden a este asunto una importancia bastante
relativa, de no ser porque viene a echar leña al fuego en el que hoy arde la imagen de una Monarquía, bastante
tocada por asuntos como el del caso Urdangarín y las aventuras viajeras por las
que el monarca se ha visto obligado a pedir un perdón que nadie le concedió, a
la vista de cómo están las cosas para todos, menos para los de su clase, a
quienes la crisis no afecta.
De hecho, solo Izquierda Unida se ha atrevido a pedir
explicaciones al Rey y ya ha sido severamente reprendida por los demás
Partidos, por considerar que el libro de Urbano no prueba lo que dice y Suárez,
desafortunadamente, ya no está, para corroborarlo o desmentirlo.
Entretanto, el juez
Ruz da por sentada la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular,
en tanto en cuanto presume que Bárcenas sacó de ella trescientos mil euros que
después depositó en un Banco suizo y además relaciona directamente el dinero
que llegaba a esa caja, con donaciones de empresarios premiados después, con la
concesión de importantes obras públicas.
Establecida esta premisa, no cabe sino preguntarse si no se
va a exigir en el Parlamento la inmediata dimisión de Rajoy, siendo como es
quien dirige los destinos de este Partido y quien para mayor inri, se encuentra
en estos momentos ocupando la Presidencia del país, ahora que la justicia le
implica directamente en la comisión de un delito como éste, del que lleva
intentando zafarse desde el mismo momento en que se conocieron los papeles de
su ex tesorero y su inclusión en la lista de los que cobraban sobresueldos.
Si un asunto de tal gravedad se deja pasar, como si la
extorsión a empresarios fuera una práctica normal en todos los Partidos, poco o
nada se puede esperar de estos políticos, pertenezcan al grupo que pertenezcan.
Sobre todo porque el dinero que se maneja en cualquier
proyecto de carácter público procede, no lo olvidemos, de los bolsillos de
todos los españoles, a quienes últimamente está costando sangre sudor y
lágrimas responder al pago de los innumerables impuestos, que precisamente el
PP, se ha encargado de subir de manera escandalosa, en los últimos tiempos.
Lo que recoge Hacienda ha de revertir, necesariamente en bien
de los ciudadanos y no servir para subrepticiamente engordar las cuentas en
dinero negro de determinados representantes políticos, como presuntamente
parece ser la pauta establecida ahora por Ruz, en relación con lo que pasaba en
la sede de Génova.
Si cobraron, que lo devuelvan a su lugar de origen, en lugar
de exigir a la ciudadanía una contribución forzada para paliar los efectos de
la crisis y si delinquieron, que lo paguen, en igual medida que lo pagaría
cualquiera que perteneciendo al pueblo llano, se atreviera a defraudar a las
arcas públicas, en algún momento de su vida.
¿Cómo va a importar pues el contenido del libro de Urbano,
estando como estamos rodeados de la corrupción más feroz de cuántas se han
conocido a lo largo de toda nuestra historia?
¿Y cómo confiar en lo que dicen los políticos, si sus
acciones contradicen de manera permanente sus palabras y sus discursos no
tienen otro apoyo que el de la mentira continua, ignorando la voz de un pueblo
que clama por su dignidad, mientras ellos pierden la suya en actos como éstos?.
Solo la contundencia de una Ley sin piedad, podría poner
freno a esta inmoralidad presente en todos los ámbitos del poder y solo el que
esa ley forzara a abandonar el cargo a los autores de delito, podría conseguir
que se volviera a la honestidad que debiera, como principio inalterable,
caracterizar a quienes nosotros pagamos,
para que nos representen.

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