Aunque se le esté prestando poca atención, la campaña
electoral para las europeas ha empezado y vuelven los discursos políticos
cargados de nuevas promesas, de ésas que luego borra el viento.
Como si la dureza de los años vividos pudiera ser olvidada
por los españoles y no se guardara en la memoria quiénes han sido los causantes
de todas las desdichas, los candidatos de los Partidos mayoritarios que nos han
gobernado alternativamente desde hace tantos años, se colocan delante de la
opinión pública con el mismo discurso que desempolvan reiterativamente cada
cuatro años, presumiendo de lo que sólo ellos consideran triunfos y asegurando
que harán por nosotros, esta vez en el Parlamento europeo, todo aquello que sin
embargo no hicieron mientras estuvieron en el poder y que tanto necesitában
para sobrevivir, los mismos que les auparon con sus votos.
Hace tiempo que se viene necesitando una Ley que castigue con
firmeza el incumplimiento de promesas electorales y no hay más que mirar la
trayectoria de este PP que nos gobierna, para comprender qué color tiene la
mentira y cómo se llega a dirigir un país, apoyándose en meras falacias.
Los programas que los partidos presentan en las campañas
electorales, si no se hubiera perdido todo atisbo de honor, habrían de ser un
adelanto de todas las acciones que cada uno acometerá, si los ciudadanos
le premia con la confianza de sus votos.
Porque prometer es fácil, sobre todo si no ocurre nada cuando
después se incumplen esas promesas y escribir bellas palabras sobre un papel no
tiene secretos para los asesores de campaña, si hay dinero por medio.
Pero cuando las promesas van dirigidas a la totalidad de los
ciudadanos, que con sus aportaciones fiscales sostienen el aparato de gobierno,
es mucho lo que, teóricamente, empeña quién las hace y por tanto, se convierten
en algo que debía poder ser demandado por la sociedad, en caso de no cumplirse.
Si el incumplimiento se castigara por Ley, Rajoy ya no
estaría en el gobierno, ni se hubiera atrevido a hacer y deshacer
contradiciendo el programa que presentó hace más de dos años.
Los ciudadanos hubiéramos apelado a la justicia, agraviados
como hemos sido por todas y cada una de las medidas tomadas y al día de hoy no
existirían, ni la Reforma Laboral, ni la Ley Wert, ni otras tantas decisiones
tomadas a golpe de Decreto, con el argumento de haber obtenido una mayoría, más
que absoluta, absolutista.
Volver ahora a colocarse ante los medios con la misma
estrategia y hablar de que la crisis ha finalizado gracias a una gestión que
nada ha resuelto realmente, atreviéndose además a seguir prometiendo cosas que
nunca se cumplirán, no solo hiere en lo más profundo los principios
fundamentales de la Ética, sino que constituye un acto de desvergüenza inconmensurable,
que sin embargo, no afecta a sus “ilustres” protagonistas.
Aunque claro, sin medios para combatir estas acciones, los
ciudadanos nada podemos hacer para evitar que se nos mienta descaradamente, con
la única intención de volver a conseguir
nuestros votos.
Porque, curiosamente, ninguna de las Formaciones que se
presentan a las Elecciones, anuncia en el programa que nos ofrece, la necesidad
de atajar este problema tan común, que a todos tanto nos afecta.
Ya comprendemos que con la penalización del incumplimiento de
promesas electorales, más de uno quedaría en una situación lamentable y no
tendría más remedio que pensar muy mucho lo que incluiría en su programa, antes
de exponerlo a la consideración de la Sociedad, si después no pudiera llegar a
cumplirlo.
Pero ya se sabe, quién hace la Ley, nunca la escribe en
propio perjuicio.

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