El final de la instrucción del caso Noos parece que está
cerca y los españoles confían en que el Juez Castro mantenga la imputación de
la hija del Rey, aunque sobre este asunto pulula la negra sombra de una
fiscalía que ya se pronunció en contra de dicha imputación, a pesar de la
multitud de indicios que existen para sostenerla.
El dificilísimo pulso que Castro está manteniendo contra una
multitud de opositores, no ha hecho hasta ahora mella en su resolución por
llegar al fondo de esta cuestión y por ello, parece improbable de todo punto
que a estas alturas dé marcha atrás salvando a la Infanta del farragoso asunto
en que se metió aceptando, junto a su marido, la titularidad de una serie de
Empresas que después han servido, presuntamente, para un desvío constante de
fondos públicos.
Pero desde el mismo inicio del caso, personas que por su
profesión habrían tenido que dedicarse con firmeza a demostrar la culpabilidad
de los implicados, como es el caso del Fiscal Horrach, no han hecho otra cosa
que poner trabas al trabajo de la judicatura, sin que se haya aclarado hasta
ahora, el motivo de esta contumacia en defender a Cristina de Borbón, de no ser
el peso de su apellido o haber sufrido presiones de toda índole, habiendo
cedido a ellas, sin ninguna resistencia.
Que no es común que la hija de un Rey tenga que sentarse en
un banquillo, todos lo sabemos, pero la trayectoria de este idílico matrimonio
en cuestiones laborales y el posterior descubrimiento de que sus actividades
habían estado siendo aparentemente delictivas durante varios años, han hecho
imprescindible una exhaustiva investigación y se ha contado con la inmensa
suerte de que el caso cayera en manos de un Juez honrado, al que ha sido
imposible apartar de su intención de que se haga justicia, independientemente
de quienes sean los imputados, o de su parentesco con una familia real,
últimamente en declive.
Pero una vez que la instrucción sea concluida, que esta línea
impecable de trabajo judicial continúe, dependerá enteramente de la Audiencia
de Palma, sin que se sepa si finalmente se podrá conseguir que se juzgue a
todos los imputados, o si siguiendo las recomendaciones de Horrach, se librará
por fin a la Infanta de las sospechas que sobre ella se tienen, arrancándola
prácticamente, de las garras de la justicia.
Sobran argumentos para pensar que casi con toda probabilidad
la decisión de la Audiencia de Palma irá por estos derroteros, pero de ser así,
todo se hará sin haber sopesado las graves consecuencias que este
inconmensurable error podría traer, al contradecir severamente los deseos que
la opinión pública tiene de que la Justicia en este País, se aplique de manera
igualitaria a todos y cada uno de sus ciudadanos.
Zafar a Cristina de Borbón del yugo que la ata al destino de
su marido, habiendo como hay, más de cuatrocientas facturas que avalan que se
gastó alegremente el dinero procedente de sus empresas, resultaría ser la
decisión más arbitraria de cuántas se han tomado en los juzgados españoles en
los últimos tiempos, superando los incontables disparates que hemos tenido que soportar
en relación a los múltiples casos de corrupción que se han venido barajando, a
nivel de todo el territorio patrio.
Nada se pierde sin embargo, si en base a las pruebas
existentes se sienta a la Borbón en el banquillo, sin restar una sola brizna de
posibilidad de que se defienda, en igual medida en que de seguro lo harán su
marido y su socio, como bien mandan las Leyes españolas.
Para eso ya cuenta con el privilegio de poder permitirse ser asistida por uno de los mejores Bufetes de
abogados del País y seguro que no se ahorrarán medios en hacer lo que sea
necesario para ahorrarle sufrimientos.
Bastantes prebendas tiene ya la Monarquía, como para encima
causar la impresión de que sus miembros pueden comportarse de la manera que
quieran, incluso cruzando la línea del delito, sin que todo el aparato del
Estado se atreva a poner freno a su desmesura, aboliendo de raíz determinados
comportamientos, si los hubiere, exactamente como si quien los protagonizara,
fuéramos cualquiera de nosotros y todo
hace pensar que en un caso como éste, nada ni nadie podría salvarnos del peso
de la Ley. ¿O no?

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