La declaración de los Inspectores de Hacienda, en relación
con la imputación de la Infanta en el caso Noos, ha sido, con la inestimable
ayuda del fiscal Horrach, una demostración evidente de que el Juez Castro se
encuentra, como Gary Cooper en aquella vieja película, solo ante el peligro.
En el tiempo que falta hasta que llegue el momento en el que Cristina de Borbón tenga que declarar ante la justicia, los
movimientos de todos los actores de esta esperpéntica comedia, habrán de ser estudiados
con minuciosidad, sin descartar que aún pudiera producirse alguna sorpresa que
dificulte un poco más la impecable labor de Castro, cuya trayectoria
profesional podría llegar incluso a peligrar, como anteriormente ha ocurrido
con el Juez Garzón, o ahora mismo, en el caso del Juez Silva.
Vista la actitud de Horrach y su interés por mantener a la
hija del Rey alejada de los tribunales y oída la declaración que el mismísimo
Presidente de Gobierno hizo en televisión
preconizando su inocencia, el recurso de acusar a Castro de estar
personalmente empeñado en la implicación de la imputada, si fuera tomada como
una obsesión sin justificar, podría dar pie a una recomendación de que se le
apartara del caso, antes de que pudiera llegar a alguna conclusión que motivara
un procesamiento, del que ya no podría escapar y que la obligaría a sentarse en
el banquillo de los acusados, junto a Torres y Urdangarín, sus otros dos socios
en la empresa.
El tiempo se acaba y Castro no parece dispuesto a hacer
concesión alguna a la Princesa, ni que le preocupe la opinión de los
importantes defensores que pululan alrededor de esta causa. Ha llegado hasta
aquí soportando las mayores presiones conocidas en el panorama judicial español
y sabe perfectamente que si ahora abandona la idea de administrar justicia sin
distinciones, su prestigio profesional habrá quedado, al menos a los ojos de la
ciudadanía, reducido a cenizas, sin que pueda ser recordado en el futuro, por
otro caso que no sea éste, sea cuál sea el final que le aguarde a la historia.
Pero tampoco parecen dispuestos a rendirse los valedores de
la Infanta y la multitud de argumentos que esgrimen para demostrar su
desconocimiento total de las actividades de su cónyuge, que por cierto, colocan
el nivel de inteligencia de Cristina en un porcentaje cercano a la idiotez
extrema, no deben haber terminado todavía y algún as que permanece guardado en la manga, bien
podría aparecer en el último momento, terminando con las posibilidades del Juez
y regalando la impunidad, a quién todos consideramos que no la merece.
En el caso hipotético de que esto sucediera, la poca
credibilidad que ya ofrece la Imagen de la Institución monárquica, quedaría
gravemente dañada y sin posibilidad de recuperación, al considerarse que el
propio Monarca habría mentido descaradamente mientras pretendía reclamar para
todos una igualdad ante la justicia y aquellas palabras vertidas en sus discursos de
los últimos tiempos, terminarían por ser barridas por el huracán de los hechos,
provocando una reacción en la ciudadanía, absolutamente contraria a su
continuidad como jefe del Estado que todos habitamos.
Quizá para Juan Carlos merezca la pena arriesgar cuánto
tiene, únicamente por defender a su hija, pero el juego político gracias al
cual es quién es, no tolera intrusiones personales ni familiares que faciliten
la comisión de delitos, ni entiende de favoritismos encubiertos que acaben
hurtando la verdad, convirtiendo el ejercicio del poder, en un torrente
imparable de corrupción, del todo inaceptable.
Las reglas son las que son, aunque la soledad del Juez Castro
parezca disfrazarlas, como si su labor fuera fruto de un delirio.
La limpieza ha de ser total y mucho más aún, en este sórdido
caso que nos ocupa.
Quizá por eso, el pueblo español sólo pretende que se deje al
juez cumplir estrictamente con las obligaciones de su cargo y si Cristina de
Borbón ha de sentarse, a su juicio, en el banquillo, que se siente. Como si
tiene que llamar a su padre, para que testifique.

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