No es fácil encontrar calificativos que describan la actitud
del Fiscal Pedro Horrach, en relación con la imputación de la Infanta, ni
tampoco atenuantes que puedan explicar la tozudez que viene demostrando en intentar probar su inocencia, desde que la
investigación de las cuentas del caso Noos apuntaron directamente a que los
gastos personales de la hija del Rey, habían estado siendo sufragados con
dinero procedente de la sociedad que formaba al cincuenta por ciento con su
marido y de la que alegaba descocer el funcionamiento.
La contundencia del último auto del Juez Castro, que ha
resultado incontestable incluso, para la propia defensa de Cristina de Borbón,
ha debido sentar al fiscal como un jarro de agua fría, una vez que se hubiera
jugado el tipo oponiéndose a la primera imputación y cuando ya daba por sentado
que había conseguido frenar para siempre los intentos del magistrado por llegar
hasta el fondo en tan enrevesado asunto.
Tampoco debe haberle agradado quedarse solo como adalid de la
infanta, una vez que el despacho que lleva su defensa haya decidido renunciar a
la presentación de un recurso y su reacción no se ha hecho esperar, esta vez,
entrando en lo que se podrían considerar descalificaciones personales hacia el
juez, al que acusa abiertamente de haberse rendido ante una supuesta teoría de
la conspiración, que habría puesto, siempre según Horrach, a la Infanta en el
punto de mira, con el ánimo de conseguir horadar el prestigio de una Casa Real,
que no se encuentra precisamente, en su mejor momento.
La falta de argumentos que contrarresten el auto del juez,
podría ser la clave de estas incomprensibles afirmaciones, que más parecen
provenir de un letrado dispuesto a reemplazar voluntariamente a los abogados que ha contratado la Infanta, que de un
ministerio fiscal, cuya función primera ha de ser la de practicar la acusación,
cuando existe sospecha de que se ha cometido un delito y más aún, cuando las
evidencias del caso que lleva entre manos quedan refrendadas por medio de
innumerables facturas y documentos, como se ha publicado por activa y por
pasiva, en toda la prensa nacional e internacional, en los últimos tiempos.
No ha soportado Horrach, parece, el tesón del Juez Castro por
conseguir que la Justicia sea igual para todos, ni el esfuerzo demostrado para
lograr que los apellidos de los implicados en este caso de corrupción, no
puedan interferir en su deber de llegar a descubrir la verdad de este asunto, a
pesar de las muchas presiones recibidas desde todas las esferas del poder y que
seguramente, son las mismas que habrá tenido el fiscal y que con toda
probabilidad, motivan lo inexplicable de sus actos.
Pero el rastro que ha ido dejando la familia Urdangarín a lo
largo de estos años, plagados de exóticos lujos abonados y corroborados por
papeles que les delatan, no dan lugar a la más mínima duda de la procedencia
del dinero que sufragaba su desorbitante modo de vida, ni de que la hija del
Rey conocía perfectamente de dónde le llegaba el capital que manejaba, incluso
sin molestarse en esconderlo.
La soberbia de pensar que la naturaleza de su rango le
ofrecía toda la protección que necesitaba, ha sido un imperdonable error del
que, probablemente, se arrepentirá toda su vida, quizá porque no se le ocurrió
nunca imaginar que alguno de los jueces que ejercen en el territorio español se
atrevería a cuestionar sus acciones, al provenir efectivamente, de la mismísima
familia real, a la que se consideraba intocable.
Pero no todos los seres humanos están dispuestos a perder su
propia honorabilidad por un precio, ni los Reyes siguen gozando de las mismas
prebendas de las que disfrutaban en la Edad Media, cuando eran los amos del
mundo y nadie cuestionaba sus acciones, fueran o no, objeto de delito.
La magnitud del caso Urdangarín demuestra precisamente eso. Y
si en algún asunto se ha pecado de ignorancia supina, tanto por parte de la
Infanta como de su marido, ha sido en el de haber llegado al convencimiento de
que su delito, aun siendo palpable, jamás podría salir a la luz y mucho menos,
convertirse en un caso judicial, en el que alguien se atreviera a poner en tela
de juicio la honradez de la que debiera ser la familia modelo de la mayor
transparencia.
Quizá por eso todo se ha hecho con tanto descaro y ahora
resulta prácticamente imposible hacer desaparecer las numerosas pruebas que se
han ido dejando en el camino, durante los años en que las sociedades
funcionaron a tope, aprovechando el tirón de ser Borbones, a los que nadie
negaría cualquier negocio que hubieran propuesto.
Puede que Horrach sea el único español que no quiera ver esta
evidencia o que su fe en el papel de la Monarquía le esté llevando a
protagonizar estas patéticas escenas de defender lo indefendible y puede, hasta
que no se le haya ocurrido pensar qué pasará con él, si finalmente Castro, como
se presume, consigue probar la implicación de Cristina en los hechos y sienta
en el banquillo a la mismísima hija del Rey, en una demostración flagrante de
que nadie puede escapar a la acción de la justicia.
La impresión que recibe quien lo ve desde fuera es la de un
hombre que ha perdido toda la credibilidad que le daba cumplir sus funciones
honradamente y que hace esfuerzos
inconmensurables por hurtar a la opinión pública su derecho a conocer la
verdad del asunto Urdangarín, asumiendo una responsabilidad personal en la
defensa a ultranza de Cristina, que por la gravedad de sus acciones,
sinceramente, no merece.

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