Hacienda no somos todos

Conozco a un ciudadano al que Hacienda negó la confirmación de su borrador de la Declaración de la Renta, al haber aumentado su patrimonio en 0,80céntimos, procedentes de la venta de unas acciones regaladas por una Empresa de seguros, que no quiso conservar.

Fue llamado a una inspección para revisar sus papeles y sólo después de entrevistarse con el funcionario e incluir en su declaración la “sustanciosa” cantidad que faltaba, el tramite que en este caso era de Devolución, siguió su curso, pudiendo al fin, después de varios meses, quedar en paz con la entidad recaudatoria, hasta el siguiente año.

Esta misma Entidad, que hace apenas dos meses encontraba claros indicios de fraude fiscal en las cuentas de la Infanta, relacionadas con el caso Aizón, se desmarca ahora de lo dicho y abre la puerta de escape que permite a la hija del Rey eludir la acción de la justicia, a pesar de que las cantidades que se han estado manejando son, éstas sí, bastante suculentas.

Atendiendo a ambos casos ecuánimemente, como marcaría el principio Constitucional que preconiza la igualdad entre todos los españoles, la reacción del Organismo encargado de procurar la recaudación de los impuestos en este país, no parece entender de la misma manera el hurto de información a la hora de presentar la Declaración de la Renta, en el primero que en el segundo y para que aún resulte más fácil de entender, baste con decir que ni siquiera ha llegado a nosotros la información de que la Infanta haya sido llamada por los inspectores para que aclarase lo ocurrido con sus ingresos, a pesar de estar en el punto de mira de la Justicia y su propio marido imputado en un asunto de corrupción, que a su vez afecta directamente, al pecunio de todos los españoles.

Esta vulneración del principio de igualdad desdice incluso, el discurso emitido por el regio padre de Cristina, a través de la televisión, en el que reclamaba una paridad incuestionable a la hora de juzgar los actos de todos los ciudadanos, siendo éste como es, al menos teóricamente, un país democrático en el que lo natural sería vivir, con la tranquilidad de ser juzgados con criterios idénticos, cuando hay equivalencia de delitos.

  Sin embargo, mientras la Infanta se ve arropada por toda una multitud de defensores de su imagen, que la protegen procurando que no tenga que verse en la obligación de sentarse en un banquillo, el ciudadano anónimo al que aludíamos en el primer párrafo de este escrito, por ochenta céntimos, ha de acudir ante la inspección, desglosar ante ella todos sus movimientos bancarios, demostrar que sus ingresos y sus gastos se corresponden en buena lid y pagarse los desplazamientos que acarrea tener que moverse de acá para allá, para solucionar un problema tan nimio.

Hace tiempo que solemos afirmar, sin el menor temor a equivocarnos, que la justicia en España no es igual para todos. Ahora además, habría que añadir que Hacienda tampoco lo es y que los apellidos, también en este segundo Organismo, cuentan y ayudan sobremanera a conseguir un trato de favor para quienes los poseen, dejando a los Pérez, García o Fernández de esta tierra nuestra, en un plano de indefensión total, si es que llegara a ocurrírseles, conscientemente o por error, no mencionar  algún ingreso que hayan podido percibir, aunque provenga de operaciones legales, constatadas por el pagador fehacientemente.

El slogan que hace unos años se puso de moda “Hacienda somos todos”, debía referirse a todos los que nada tengamos que ver ni con la política, ni con la Empresa, ni con la realeza.