En busca de la mansedumbre

Los despidos y dimisiones ocurridos en días pasados en la Agencia Tributaria y las posteriores declaraciones del Ministro Montoro, haciendo referencia a que Hacienda era, literalmente, “un nido de socialistas”, dejan claros los motivos del gobierno para los cambios efectuados en el Ente y no explican para nada las razones de los que se han ido por voluntad propia, aunque existe la sospecha de que se debe a la manipulación política que se pretende llevar a cabo sobre los trabajadores para que no se aclaren determinados casos de fraude fiscal y muy concretamente, las cuentas relacionadas con la Infanta.

 Y aunque el Juez Castro no se da por vencido, exigiendo a las partes que se pronuncien sobre una imputación que, por su parte, está más que justificada, las presiones desde todos los frentes adeptos a la corona son incesantes, haciendo presagiar que dicha imputación nunca llegará a producirse, a pesar de que las sospechas señalan con toda claridad el papel de la hija del Rey, en toda la trama del caso Noos.

Esta especie de purga estalinista que se acaba de hacer en Hacienda, sin que inmediatamente se reclame la dimisión de un Montoro  lo suficientemente descarado para reconocerla delante de la prensa, habla por sí misma de la manera que tiene el PP de afrontar los problemas que le van surgiendo a lo largo de su mandato y de su intolerancia hacia la diversidad de pensamiento que constituye la base esencial de la Democracia.

Si está en su mano, este PP se deshará de cualquiera que represente oposición para su desafortunada política y lo hará, sin pararse siquiera a encubrir la dureza de sus métodos represivos. Interviniendo sin tener por qué hacerlo en la supuesta filiación política de los trabajadores del Estado, su innegable fobia hacia las siglas de todos los partidos situados a su izquierda, queda patente en el momento en que los sustituye por otros, probablemente afines a su línea de pensamiento, sin que en ningún momento se tenga en cuenta si cumplían o no a la perfección con las funciones propias de sus cargos, con la limpieza necesaria para frenar el creciente fraude fiscal que se está produciendo en el país, sin que a primera vista, al gobierno le interese demasiado hacer pública la identidad de los defraudadores.

Lo único importante parece ser que nadie cuestione la línea que siguen Rajoy y los suyos y que nombres de conocidos políticos, empresarios y realeza, queden salvaguardados de la acción de la Justicia, aunque los delitos cometidos hayan contribuido grandemente a la ruina de todos los españoles, habiéndose trasladado a paraísos fiscales, una importante cantidad de dinero público, en beneficio de estos delincuentes.

Todos los esfuerzos actuales están encaminados a lo mismo. La ley de seguridad ciudadana, con sus multas millonarias, sólo trata de sacar a los españoles de las calles, convirtiéndolos en sumisos corderos que acaten con resignación las medidas impuestas desde Moncloa. La revisión de la Ley de Huelga, procurará terminar con la protesta de los trabajadores y los despidos de funcionarios ubicados en cargos de responsabilidad, con la libertad de filiación que hasta ahora, era una cuestión personal de cada cual, ocupase el puesto que ocupase en las entidades del Estado.

El asunto no puede ser más grave, una vez que pulveriza los derechos de la ciudadanía, en pos de un grado de mansedumbre por el que todos nosotros nos veamos obligados a aceptar con resignación los designios de un Rajoy, borracho del poder absoluto que le otorga contar con una mayoría  en el Parlamento.

Díganme si no es para estar preocupados y piensen, en conciencia, a qué años nos devuelven las prácticas tiránicas que son habituales en este gobierno que encima, se atreve a presumir de españolidad y patriotismo.