Por favor, no molesten

En muchos países civilizados, contactar con los representantes políticos cara a cara, para transmitirles las quejas que sobre su gestión puedan tener los ciudadanos, es algo que se da todos los días, con una naturalidad imposible de imaginar en España.

Porque aquí, los políticos se han convertido en una casta privilegiada que vive en una burbuja alejada de la población y cualquier intento de hacerles llegar una queja, solo o en compañía de otros, está resultando de una dificultad extrema, al negarse absolutamente nuestros representantes a la posibilidad de ser abordados por los electores, a pesar de depender directamente de sus votos, para continuar con su labor en el Parlamento.

Nada debe perturbar la tranquilidad de sus señorías y mucho menos, si la protesta sube de tono, a causa de la indignación generalizada que se han encargado de provocar en todos nosotros desde que se recrudeció la crisis, dando lugar a la necesidad de hacer llegar por el medio que sea la oposición popular, al tipo de política que se practica.

De hecho, hasta ahora, manifestarse legalmente en las cercanías del Congreso, se le ha denegado una y otras vez a la ciudadanía y las escasas veces que se ha conseguido llegar hasta allí, eludiendo los severos controles policiales que se han venido estableciendo en la zona, los políticos se han encargado de calificar de escrache, lo que simplemente era una protesta general, por alguna de las injustas decisiones que últimamente se están poniendo en marcha, a golpe de decreto.

Inquietos por tener que oír el clamor ciudadano que les exige un cambio inmediato de dirección  en las medidas de recortes y agazapados en sus lugares de privilegio, capitaneados por un inaccesible Rajoy que ni siquiera consiente en atender a la prensa, parece que están pensando en aprobar un proyecto de Ley que establezca multas de seiscientos mil euros, para todos aquellos que participen en manifestaciones en las cercanías del Congreso y también para los que  colaboren en lo que ellos llaman escraches, blindando de esta manera una integridad personal, que en ningún momento ha sufrido más estragos, que algún otro grito amenazador, que jamás ha pasado a mayores.

Esta medida, que no hará otra cosa que venir a restar otra parcela de libertad a cualquier miembro de la sociedad que desee manifestar su protesta, con la intención de hacerla llegar hasta el lugar donde se reúnen los parlamentarios, se añadiría a otras muchas ya tomadas por  Rajoy y que no han hecho otra cosa que aumentar la dureza de la represión política y policial, desde el mismo momento en que se hizo con el poder y comenzó a obedecer los dictados de Bruselas, a pies juntillas, y siempre en contra de la opinión sistemáticamente desoída de las mayorías.

Qué recurso le queda al ciudadano para establecer un contacto con sus políticos parece ser una incógnita de difícil resolución, si llegara a aplicarse esta ley y tampoco pudiera ejercer su derecho a manifestarse en según qué lugares.

Pero es evidente que este tipo de recursos que el PP califica como mejora de una serie de leyes vigentes, va indefectiblemente, mermando uno a uno los derechos de los ciudadanos, colocándolos en total indefensión, ante las decisiones tomadas desde una posición de abuso de poder, por quienes ahora nos gobiernan.

Sin embargo, parecen olvidar que aún quedamos en este país gente acostumbrada a luchar en la clandestinidad durante los años del franquismo y que ante las imposiciones de silencio que los populares propugnan, siempre existe la posibilidad de volver a ciertas prácticas que ya dieron buenos resultados en aquellos años de oscuridad, consiguiendo finalmente que se alcanzara la Democracia.

Los miembros del gobierno que nada saben seguramente de la lucha durante la dictadura, subestiman en este caso el poder de esta sociedad y ponen en la represión de sus derechos demasiadas esperanzas, teniendo en cuenta que dentro de dos años, seremos nosotros, los encargados de decidir en las urnas, qué clase de futuro aguardará a los que ahora tiranizan la política machacando a los ciudadanos.