El fiscal defensor

Cuando el juez Castro acariciaba con la mano la decisión de imputar a la Infanta Cristina, dado el aluvión de indicios que apuntan a que conocía perfectamente la marcha de las empresas de su marido, el fiscal encargado del caso, convertido en el mayor defensor de la hija del Rey, se adelanta diciendo que no encuentra motivos para su imputación, desacreditando aún más de lo que ya lo había hecho, la autoridad de uno de los pocos jueces en que confían los españoles, dado el interés demostrado en la aclaración, hasta el final, de los hechos que nos ocupan.

Nadie ha hablado aún de las tendencias políticas de este fiscal, que bien podría ser, si se tienen en cuenta sus actos, un defensor a ultranza de la Institución de una Monarquía, a la que este caso y otros muchos acontecimientos ocurridos en los últimos tiempos, colocan ahora en sus más bajos índices de popularidad, en la opinión de unos españoles cansados del oscurantismo que rodea al Rey y su familia.

Sin poder afirmar con rotundidad las tendencias monárquicas del fiscal en cuestión, su empeño en desembarazar a la Infanta de las innumerables sospechas que la sitúan en la primera línea de fuego en las empresas de Urdangarín, no parece siquiera propio de su oficio y por ello genera en la ciudadanía, serias dudas sobre la profesionalidad de este hombre, que desde un principio no ha hecho otra cosa que poner palos en las ruedas a Castro, en un claro ejercicio de funciones más propias de un abogado defensor, que del puesto que ocupa, para penuria nuestra.

¿Está el fiscal recibiendo también presiones externas que le obligan a anticiparse a las decisiones del juez, impidiendo el total esclarecimiento de los hechos?     

Aunque no estamos en posición de afirmarlo, podemos intuir que sí, ya que si el propio magistrado se atreve a denunciar que se siente acosado desde que llegó a sus manos esta historia, es fácil imaginar que si la acusación no pone sobre la mesa las pruebas necesarias para la imputación, todo podría llegar a diluirse, para beneficio de la Infanta.

Lo peor es que los españoles nos sentimos absolutamente estafados por la marcha de la Justicia y en este caso, no podemos culpar al Juez de desinterés o desidia, sino que todas las consideraciones que nos impiden conocer toda la verdad, apuntan directamente a la figura del fiscal y a su denodado empeño por salvar la honorabilidad de la Princesa.

El favor que hace a la Casa Real, influye negativamente en la opinión de los españoles, que empiezan a pensar que la gravedad de los hechos ha de ser de dimensiones mucho mayores de lo que se les dice, cuando se demuestra tanto interés en tapar qué fue lo que pasó, quiénes son los culpables del delito y a cuánto asciende el montante defraudado por estas empresas fantasmas de tan rancio abolengo.

El empeño en distraer la atención, apartando a la Infanta de la acción judicial, no hace más que confirmar todas las sospechas que hablan de su implicación en los sucios negocios que manejaba su marido, mientras se dedicaba a gastar a manos llenas los pingues beneficios que reportaban, procurando hurtar las cantidades, a los ojos de Hacienda.

Este sufrido pueblo nunca creyó que Cristina fuera tonta. Sin pretenderlo, este fiscal se ha propuesto en demostrar que sí, que lo era de capirote.