Cambio radical

El nombramiento del Juez Marchena como Presidente del Consejo General del Poder Judicial, que han acordado PP y PSOE, sin haber contado tampoco esta vez con la participación de los otros Partidos, trae como consecuencia un cambio radical en la composición del Tribunal que juzgará finalmente a los políticos implicados en el Proces, que como todos sabemos se encuentran en prisión provisional desde hace aproximadamente un año y para los que la Fiscalía pide, por un delito de Rebelión, largas y contundentes condenas.

La Presidencia de este Tribunal será ocupada ahora por el Juez Martinez Arrieta, de carácter mucho menos conservador que su antecesor y que contará con la presencia de otros seis magistrados que le ayudarán a dirimir sobre las enormes dificultades que presenta este complicadísimo caso y cuyas opiniones se encuentran absolutamente divididas, aunque tres de ellos formarían parte de la corriente denominada como progresista.

La concesión hecha por el PSOE, al entregar la presidencia del CGPJ a Marchena bien podría estar encaminada a intentar suavizar la desmesura con que se había abordado hasta ahora lo que ocurrió el primero de octubre en Catalunya, durante los actos que dieron lugar a la posterior declaración de una República, que duró apenas escasos minutos y también hasta qué punto llegó la implicación de cada uno de estos políticos, ahora encarcelados, en el desarrollo de los acontecimientos, ofreciendo quizá, a los nacionalistas, ese gesto que reclamaban, a cambio de brindar a Pedro Sánchez su apoyo en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, asegurando con ello su permanencia en la Presidencia.

Todos sabemos que la opinión de los Magistrados más progresistas no ha coincidido desde el principio, en absoluto, con la que han venido mostrando los que representan al ala conservadora y entre los que se encuentran  Llarena y Marchena y que los primeros han negado por activa y por pasiva que existiera en ningún momento el delito de Rebelión, pues la ausencia de violencia y la falta de armas, durante los acontecimientos de los que hablamos, no se correspondería con el significado real que se atribuye a este delito en concreto, ni podría pues imputar a los líderes que encabezaron  el  movimiento que se produjo en Catalunya, durante esas fechas.

La obcecación del Partido Popular en mantener esas acusaciones, mientras Mariano Rajoy pudo conservar el poder y quizá en un grado aún mayor, tras el inesperado triunfo de la Moción de Censura, querría representar en cierto modo, una manera de poder ocultar el estrepitoso fracaso que cosecharon las políticas que aplicaron en Catalunya, pues mientras duró su mandato se podría decir que más de un millón de personas, se convirtieron en defensores a ultranza de la causa independentista. Tampoco la aplicación del 155 consiguió en absoluto suavizar una situación que se complicó gravemente cuando a pesar de las advertencias vertidas desde Madrid y la fuerte presencia policial, más de dos millones de catalanes consiguieron votar el primero de octubre, sin que ni siquiera la fortísima represión aplicada sobre ellos, lograra disuadirles de sus intenciones.

Absolutamente derrotados por la ineficacia de sus métodos, a los populares no les quedó otro remedio que tratar de construir una venganza que castigara eficazmente la desobediencia de los catalanes y buscó el apoyo que le era del todo imprescindible, en la vía judicial, sobre todo cuando Puigdemont y otros líderes  se les escaparon  del país, sin que ni siquiera hubieran sido capaces de percatarse de que tal cosa podía sucederles.

Intentar reparar esta afrenta, que ha hecho un daño irremediable al partido conservador, a base de endurecer el discurso sobre la situación en Catalunya, se ha convertido desde entonces en un tema recurrente que incluso se ha recrudecido una vez que Pablo Casado se ha hecho cargo de la Presidencia de la Formación, sencillamente, porque no existe ninguna otra vía que pueda devolverles la dignidad que perdieron, cuando los independentistas les ganaron la partida.

Los excesos que se han venido cometiendo desde entonces, como el de mantener encarcelados a los líderes  durante un año entero o la atribución del delito de Rebelión que puede acarrear a algunos de ellos penas de más de treinta años de prisión, forman parte de una huida hacia adelante, que a ser posible, demuestre a los ojos de la sociedad en general, que a pesar de todo lo ocurrido, al final la justicia les dio la razón, restableciendo así el honor que perdieron a causa de sus tremendos errores.

Ojalá y este cambio de Tribunal sirva para colocar las cosas en su justa medida, alejando los rencores políticos que se han generado después del desarrollo del Proces y que los nuevos encargados de juzgar este caso, lo hagan, con ecuanimidad, en aplicación de unas leyes que sólo empiezan a ser malas, cuando son manipuladas por la interpretación que de ellas hacen determinados hombres.