¿A quién defiende el Supremo?

Son más de las doce de la mañana y los miembros del  Supremo continúan deliberando sobre el caso de los impuestos de las hipotecas,  cuyo pago se atribuyó la semana pasada, por sentencia, a la Banca, provocando una reacción inusitada que ha dado lugar a esta reunión que parece haberse convertido en eterna y que sienta un terrible precedente al poner en tela de juicio un veredicto salido directamente de este mismo Tribunal, quizá por las presiones recibidas, al ser el fallo favorable a los intereses de los ciudadanos.

Mucho se ha hablado del deterioro de la imagen de la Justicia española, sobre todo desde que andamos continuamente enredados en casos de corrupción que han afectado directamente a personajes de mucha relevancia personal y política, cuestión que ha llegado a provocar en la población en general, una sensación de desconfianza y la firme creencia de que la Ley, en este país, no es igual para todos, pues mientras existen personas que se encuentran en prisión, por ejemplo, por haber gastado ochenta euros de una tarjeta de crédito encontrada, otras permanecen en libertad o han sido condenadas a penas irrisorias, por defraudar millones a las Arcas del Estado.

El caso de los impuestos de las hipotecas, que tantos quebraderos de cabeza parece estar causando al Supremo y que se resume a un tema tan sencillo de comprender como que los ciudadanos han estado pagando durante años unas cantidades abusivas que añadidas a los elevadísimos precios de las viviendas convierten el poder responder mensualmente a los préstamos en una dificultad extrema, mientras los Bancos, presentes en cada una de estas firmas que en algunos casos comprometen a los clientes durante casi cincuenta años, no sólo han abusado reiteradamente de ellos con temas como el de las clausulas suelo, sino también cargado a sus espaldas el pago de unos impuestos que en justicia correspondería asumir a ellos, sobre todo después de que entre todos, los hayamos rescatado de  un desastre de consecuencias imprevisibles.

La decisión parecía estar clara para los miembros que la estudiaron en el Supremo, excepto para uno, que emitió un voto particular en contra, como ha ocurrido en otras muchas ocasiones, pero el costo de la operación, que en el peor de los casos supondría para la Banca tener que devolver unos 16.000 millones de euros, la caída de los mercados en la Bolsa y la indignación inmediatamente mostrada por los dueños de las entidades más importantes del país, levantaron una polvareda que provocó que el Presidente del Tribunal, por primera vez en su Historia, paralizara la ejecución de la sentencia y convocara con carácter de urgencia esta reunión que todavía continua y de la que lo único que sabemos es que existe una fuerte división de opiniones, por parte de todos sus miembros.

La tardanza en resolver el asunto empieza a levantar la sospecha de que la sentencia anterior pudiera ser anulada, modificada o transformada por otra más acorde con los intereses bancarios, que prescindiera directamente, por ejemplo, del carácter retroactivo que se contemplaba en la primera y mientras más tiempo transcurre, mayores son las especulaciones que se hacen todos aquellos que continúan pagando hipotecas en la actualidad y sobre todo, los que están a punto de firmar nuevos compromisos, sin tener claro a quién corresponderá el pago de impuestos, a partir de ahora.

La pregunta que nos hacemos los que contemplamos con estupefacción esta novedosa maniobra en la que nos hallamos inmersos es, como no podría ser de otra manera, qué intereses está obligado a defender el Tribunal Supremo y si es su obligación o no velar porque la aplicación de las leyes sea lo más estricta y ecuánime posible.

Sin embargo, la opinión que se tiene en la calle sobre el asunto es que en el caso que nos ocupa, existen preferencias predeterminadas que juegan a favor de los intereses de la banca, por lo que los ciudadanos, que se sienten y han sentido víctimas de los abusos de estas entidades, se encuentran absolutamente desprotegidos, cuando tienen la necesidad de enfrentarse a un Gigante, sin que las leyes vigentes en este país parezcan hacer nada por remediar esta indefensión evidente.

Como ustedes comprenderán, esta reunión del Supremo no hace sino incidir en la espantosa opinión que los ciudadanos ya tienen sobre el funcionamiento de la justicia española y son muchas las voces de juristas que ya se han pronunciado alertando de la peligrosidad de que determinados sectores pudieran estar interfiriendo en las decisiones judiciales, atentando presuntamente, contra la imparcialidad que debe regir, como  principio inalienable, en el mundo del poder judicial.

No se comprende, cuánto más hay que hacer a favor de una Banca, cuyo rescate nos ha costado a todos nada menos que 50.000 millones de euros que continuamos pagando, mientras  un buen número de familias atraviesa  terribles situaciones de desamparo y miseria y menos aún, por qué razón hay evitar al precio que sea, que estas entidades que al fin y al cabo no son más que negocios que debieran equipararse a otros cualquiera, sufran reveses relacionados con la mala gestión que durante años han estado llevando a cabo, a su libre albedrío, incluso cuando perjudican gravemente a las personas que confiaron en ellas, para gestionar, en este caso, el pago de sus hipotecas.

Verán, los bancos no nos están regalando los pisos en los que vivimos, sino que su labor consiste, si es que superamos con éxito todos los trámites que se nos exigen, en concedernos un préstamo, que habremos de pagar religiosamente todos los meses, llueva o ventee, si no queremos enfrentarnos directamente a un desahucio, como ya ha ocurrido en el caso de miles de familias, en este país en que vivimos.

La firma de una hipoteca, no es más que un acuerdo en que las dos partes, el comprador y el banco se comprometen a respetar escrupulosamente un acuerdo, pero si se parte de una base en que las condiciones pactadas son, desde el principio, claramente abusivas para el cliente, podríamos estar hablando de un delito directamente relacionado con la usura y por tanto, correspondería al abusador, devolver el montante obtenido del comprador, por estos medios.

Los antecedentes con que cuenta la Banca no juegan precisamente a su favor, puyes habría que recordar por ejemplo, que ya nos estafaron descaradamente con el asunto de las clausulas suelo o el de las Preferentes y habría que aclarar además, que su estabilidad no correría ningún peligro, aún en el caso de que se viera obligada a devolver esos 16.000 millones de euros que están en juego en este momento, pues sus beneficios superan con creces esa cantidad, como todos hemos podido conocer a través de las noticias de los réditos que han recibido durante los últimos años.

Negociar, señores banqueros, es ganar o perder y sería de justicia que este sector se fuera acostumbrando a lidiar con los reveses que a veces traen los acontecimientos, en la misma medida que cualquier empresa, grande o pequeña, se ve obligada a hacer a diario, sin que el Estado venga a remediar su mala fortuna, en el caso de que lo necesite.

Considerar al negocio de la Banca como inviolable, incluso sabiendo a ciencia cierta que se están perjudicando los intereses de los ciudadanos, resulta ser, simplemente una felonía y parece inaceptable que un Tribunal como el Supremo, pudiera prestarse a este juego, pues no existe ninguna razón que pueda justificarlo.

A la espera de conocer la decisión final sobre el asunto que nos ocupa y sin demasiadas esperanzas de que la justicia falle a nuestro favor, pues formamos parte de las clases humildes, sólo esperamos que si la fallo termina por beneficiar a la Banca, la respuesta de la calle sea no sólo inmediata, sino contundente.