Hasta que la muerte nos separe

Cualquier español que se encuentre en edad de trabajar, está empezando a creer en la idea de que probablemente tendrá que hacerlo de forma vitalicia.

A pesar de que nuestro país había apostado hasta ahora por establecer la edad de jubilación en los 65 años, las continuas presiones de Europa, a la que ya debemos una cuantiosa suma de dinero, que se ha destinado exclusivamente al saneamiento de la Banca, van encaminadas a exigir que se prolongue el periodo de actividad de cada uno de nosotros, ya que le parece excesivo el montante destinado a devolver a los jubilados las prestaciones que durante años hicieron a las arcas del Estado, para poder pasar la última etapa de sus vidas, sin agobios económicos que les obliguen a depender de sus descendientes.

Últimamente, se ha convertido en algo recurrente hacer referencia a la Educación, la Sanidad y ahora también a las pensiones, como si se trataran de prestaciones gratuitas, que el Estado se viera obligado a costear, para que los españoles disfruten de todas ellas, sin contrapartida alguna.

Convendría recordar que esta afirmación resulta ser absolutamente incierta y que cada uno de nuestros ciudadanos, se pasa la vida contribuyendo por medio de sus impuestos a una caja común, que teóricamente estaría destinada a ofrecer a todo aquel que lo necesitase, la ayuda necesaria para ser educado, curado o mantenido cuando llega el momento de decir adiós a un periodo laboral pleno y cuenta con un mínimo de años cotizados, para ser merecedor de una pensión, más que suficientemente cubierta.

Lo malo ha sido, que las recaudaciones destinadas a sufragar la universalidad de estos conceptos, con frecuencia han sido ilícitamente empleadas por los gobernantes de turno, en algo que nada tenía que ver con el destino que se había pensado para ellas e incluso, en muchos casos, se han esfumado por el desagüe de la corrupción, yendo a parar a paraísos fiscales para engrosar la cuenta particular de algún desalmado, que aún tiene la osadía de llamarse a sí mismo político.

Por éstas y otras causas, la ciudadanía se ve ahora obligada a añadir un par de años a su vida laboral y tiembla con la idea de que a los usureros europeos no termine de satisfacerles esta medida, lo que indudablemente movería a Rajoy a establecer el día menos pensado, una especie de cláusula parecida a la que se emplea en los matrimonios católicos y que defiende la indisolubilidad de la unión, que sólo podrá romperse con la muerte.

Entretanto, los españoles que aún tienen la suerte de no haber sido víctimas de la nefasta Reforma Laboral aprobada por el gobierno del PP, continúan cotizando a las arcas estatales religiosamente, aún sin saber si alguna vez podrán recobrar algo de lo ahora invertido y permanentemente amenazados por el catastrofismo político que augura el peor de los futuros a su inversión, probablemente por culpa de Zapatero, que debe ser la persona que peor herencia ha dejado en toda la historia del mundo, aunque hace ya un año que abandonó el poder y ninguna de las medidas de recorte aplicadas por decreto, se deben ni a él, ni a su partido.

No estaría mal, por tanto, que se exigiera a nuestros actuales gobernantes un compromiso real sobre el destino que tendrán a partir de ahora las contribuciones de los trabajadores al erario público, una claridad meridiana a la hora de establecer a la mayor brevedad cuál será la edad de jubilación de los que aún están en activo y una justificación periódica de en qué se está empleando lo recaudado, para que pueda ser consultado por todos y cada uno de nosotros, ya que al fin y al cabo, se estaría hablando de nuestro dinero.

Y si hemos de esperar a que la muerte nos pille trabajando, sería de ley abandonar esta provisión de fondos destinados a un retiro que será inexistente, cosa que vendría realmente bien a nuestros desesperados bolsillos, ahora que la crisis los ha dejado del todo vacíos con su desaforado afán de recortar, hasta del aire que respiramos cada día.