Una adjudicación vergonzosa

El nuevo Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, llegado al gabinete de Mariano Rajoy, después de haber llevado la Alcaldía de Sevilla, se trajo consigo para que formara parte de su equipo a Gregorio Serrano, que había ocupado diversos cargos en el Ayuntamiento de la citada ciudad y al que colocó al frente de la DGT, puesto que actualmente ocupa.

Se dice que a los dos les une una profunda amistad que procede de sus años de colaboración en la Capital andaluza y que por ello, a nadie extrañó que Zoido le trasladara consigo a Madrid, al considerarle un hombre de su total confianza, al que deseaba tener cerca como  un apoyo seguro en un destino, que para el Ministro resultaba ser absolutamente nuevo.

La historia ha empezado a complicarse cuando los medios han publicado que al Director General de Tráfico le ha sido adjudicado directamente un piso en el interior de una Casa Cuartel de la Guardia Civil y que ya se han iniciado en la citada vivienda una serie de grandes  obras para su acondicionamiento, sin que hasta el momento se sepa cómo ha podido saltarse la larga lista de espera que existe para estas concesiones, sobre todo porque nunca ha pertenecido, ni pertenece en la actualidad, al Cuerpo creado por el Duque de Ahumada, en 1844.

 Poco han tardado los representantes de los miembros de la Guardia Civil en denunciar la irregularidad que supone otorgar una vivienda gratis a Serrano en uno de estos emplazamientos y más aún, que se le haya concedido inmediatamente un permiso de reformas que según fuentes consultadas, resulta casi imposible obtener en condiciones normales, mientras miles de miembros del cuerpo se agolpan en copiosas listas de espera y muy fundamentalmente si son considerados de bajo rango, dentro de la Institución citada.

El escándalo,  que le ha estallado ayer en la cara al Ministro del Interior y que de momento, como en otros muchos casos anteriores, se ha escudado en el desconocimiento de los hechos, para no tener que responder al acoso de la prensa, supone sin embargo, un caso más de presunta corrupción, pues estas viviendas forman parte de un patrimonio nacional, costeado por todos los españoles, a través de sus impuestos.

De momento, Serrano guarda un prudente silencio, probablemente porque daba por hecho que la protección de su amigo Zoido resultaría suficiente para que estos hechos no trascendieran y no sería de extrañar que la estrategia de dejar pasar el tiempo, fuera la aconsejada desde el PP, para que como otras muchas veces, el asunto caiga en el olvido.

Pero teniendo en cuenta que el sueldo de Serrano debe rondar los 85.000 euros anuales y comparándolo con los emolumentos que perciben los miembros de la Guardia Civil, resulta absolutamente incomprensible que se adjudique una vivienda gratis al primero, mientras los que aguardan pacientemente su turno, como miembros del cuerpo, tengan que costearse un alquiler, que para ellos puede suponer una enorme desmejora de su nivel de vida.

Las reacciones de los demás grupos políticos no se han hecho esperar y más pronto que tarde, no quedará más remedio que depurar las responsabilidades pertinentes, pues para que se haya dado esta situación, ha debido obligatoriamente existir una orden directa de algún alto cargo o no tendría ningún sentido que las obras, que por cierto van a costar 50.000 euros, hayan comenzado a ejecutarse en el citado inmueble.

Y puede que en el pasado este tipo de acciones pasaran desapercibidas debido a la tranquilidad que suponía gozar de mayoría absoluta en el Parlamento, pero ahora, con la fragmentación surgida de las últimas elecciones, la exigencia de que se ofrezcan inmediatamente explicaciones en el Congreso se ha convertido en algo rutinario y el Gobierno no podrá eludir, por mucho que lo quiera, evitar la comparecencia de Zoido en el Hemiciclo.

La indignación de la ciudadanía, no puede ser mayor, dado el gravísimo problema que existe actualmente con la vivienda en un país, en el que miles de familias han sido desahuciadas sin contemplaciones durante los últimos años, sin que se les haya ofrecido, en general, ninguna alternativa ocupacional que solucione un problema, que se está convirtiendo en endémico.

La verdad, si Serrano llegara a ocupar esa vivienda, el agravio comparativo que se produciría, no sólo con los miembros del cuerpo, sino también con la gente en general, podría considerarse casi un delito, como de Ley sería, que con esos 85.000 euros que percibe, no sólo se costeara su alquiler, sino hasta que ayudara a los que menos tienen, que son muchos y a los que no es la primera vez que se jacta de servir, en esos discursos ofrecidos, que podemos consultar en la Hemeroteca.

No cabe otro calificativo. Vergonzoso.