Un paso en falso

La detención de una de las líderes de los Comités para la defensa de la República, en Catalunya, acusada por el juez de rebelión y terrorismo, ha logrado sorprender, no sólo a los separatistas que aplauden las acciones callejeras que están llevando a cabo estos grupos, en plazas y carreteras, sino también, a todos los ciudadanos en general,  que consideran excesivas las acusaciones que se imputan a esta mujer y que llevan inmediatamente a la tentación de comparar sus actos con los de los yihadistas o los etarras, sin que exista similitud alguna entre ellos.

Ya dijimos en su momento que la aprobación de la Ley Mordaza acabaría por instalar entre nosotros toda una suerte de portentosas injusticias y que a los magistrados, no les quedaría ninguna otra opción que tener que aplicarla obligatoriamente, estuvieran o no, en su fuero interno, de acuerdo con lo  que allí  quedo escrito y que amenaza seriamente, las libertades de los ciudadanos.

De todos los ejemplos que se han venido sucediendo a lo largo del tiempo y que han corroborado las sospechas que todos teníamos sobre la aplicación de esta Ley, estos delitos que se  imputan a la separatista recién detenida, convierte su caso en el más controvertido de cuántos hemos conocido hasta ahora, poniendo a la justicia española en el punto de mira, no sólo de la sociedad en general, sino también, de las Instituciones europeas, que tras el caso de Puigdemont, examinan con  lupa cuántos sucesos se desarrollan en Catalunya, sobre todo desde que el juez alemán contradijera los cimientos de la acusación reflejada  por Llarena, en el acta de la euro orden.

Que tras la detención de Puigdemont la violencia callejera ha ido in crescendo en Catalunya, contrastando con la actitud pacífica que exhibieron con anterioridad, los partidarios de la Independencia, todos lo sabemos y también que los cortes de carreteras y  la quema de neumáticos han proliferado desde que nacieran estos Comités para la Defensa de la República, pero lo cierto y verdad es que estos incidentes ya los habíamos visto en muchísimas ocasiones anteriormente, en relación con determinadas huelgas, por ejemplo, sin que sus protagonistas hayan sido acusados jamás de otro delito que el de participar en  desórdenes callejeros, que normalmente se saldaron con algún tipo de multa, de mayor o menor cuantía.

Muchos han sido los juristas que se han llevado las manos a la cabeza tras conocer estas imputaciones y mucha la gente que, en general, ha considerado como sobrepasada la acción judicial, fundamentalmente, porque alimenta, en cierta medida, la teoría de la persecución política que exhiben cada vez que pueden los líderes separatistas y nos aleja un poco más de la posibilidad de arbitrar una concordia entre catalanes, que resulta ser estrictamente necesaria, para la resolución de este gravísimo conflicto.

Lo cierto y verdad  es que este tipo de acciones están logrando que en el extranjero se empiecen a tomar muy en serio los argumentos que esgrimen los separatistas y que hablan continuamente de una persecución implacable, por causas meramente ideológicas, cuestión que si me permiten, está empezando a dañar la imagen de un país, que se había comportado modélicamente en estas cuestiones, desde la transición y que ahora está perdiendo el norte, desde el momento en que su Gobierno decidió judicializar el problema, en lugar de buscar algún tipo de soluciones políticas, que suavizaran la tensión que vivimos desde hace unos meses, catalanes y españoles.

Esta primera detención, que podría verse numéricamente incrementada por otras nuevas, con la aquiescencia de un Ejecutivo que en el fondo piensa que la jugada del juez alemán, no puede ni debe volver a repetirse y cuya única obsesión es la de proclamarse, con toda claridad, vencedor de esta absurda guerra, tiene sin embargo el peligro de poder generar en breve, una oleada de mayor violencia, en un momento en que lo aconsejable sería propiciar, a la mayor brevedad posible, la creación de un nuevo Gobierno catalán, que resolviera las abismales diferencias abiertas entre los ciudadanos de este territorio y que conllevara la retirada del 155, para recuperar una normalidad, que cada vez parece más inalcanzable y lejana.

Con Puigdemont en libertad, esta profusión de delitos imputados a un personaje sin  relevancia política, parece significar un paso en falso, que habrá de corregirse, si no se quiere empeorar el problema y deja entre los ciudadanos, un mal sabor de boca, pues lo apetecible sería encontrar una vía de entendimiento entre las partes, que con este tipo de acciones, queda frustrado, antes de su nacimiento.

No se me ocurre, en estos momentos, nada que pueda alimentar la ilusión de que pueda terminarse esta historia, que tanto daño nos está haciendo.