El arte de amenazar

No es el primer organismo que denuncia amenazas, por el mero hecho de haber criticado los recortes de este gobierno, pero que una de las organizaciones de consumidores más importantes del país sufra este tipo de intimidación, por cumplir con el deber de informar a los ciudadanos en qué y cómo les perjudican las medidas adoptadas por parte del ejecutivo de Rajoy, más parece sacado de una novela barata de mafiosos de barrio, que de la cotidianidad de una Nación constitucionalmente democrática.

El arte de amenazar, que hace de quienes lo practican auténticos delincuentes, se ha convertido en compañero inseparable de la política de los últimos tiempos, que con frecuencia suele basar en una estrategia de terror lo que debiera ser una práctica de convencimiento, intentando esclavizar por medio del miedo a la sociedad, para conseguir una mayor sumisión al poder y una menor oposición a quienes lo ostentan.

Pero este tipo de acciones han quedado ciertamente obsoletas, como ancladas en una época lejana en la que ni siquiera gozábamos de determinados derechos y el pueblo español era aún víctima de la supina ignorancia que para él procuraba la dictadura, negándole la educación necesaria para escapar de su yugo.

Para escándalo de todos nosotros, sin embargo, quedan sin duda elementos residuales de aquella tiranía, que no se resignan a ser criticados constructivamente, por el mero hecho de ocupar altos cargos en la maquinaria del Estado y que aún consideran que el pensamiento único debe prevalecer, incluso por la fuerza, sobre la facultad de expresión de los ciudadanos cuando se pronuncian con libertad en cuestiones políticas.

Hace un par de días, hacíamos mención al comunicado del señor Urosa, en el que conminaba a sus empleados a no criticar las medidas del gobierno en horario laboral, y lo denunciábamos como absolutamente aberrante y ridículo, pero llegar a verter amenazas sobre una oficina del consumidor, que nada tiene que ver, en principio, con formación ideológica alguna, reclama una inmediata respuesta por parte de la sociedad, por tratarse de un organismo estrechamente vinculado con la defensa de los más débiles.

Probablemente, al gobierno de Rajoy no le interese que aflore la verdad sobre las auténticas consecuencias que para nosotros acarrean sus medidas, pero la obligación de estas oficinas que ahora reseñamos, no es otra que la de informar minuciosamente a la población de cualquier noticia que pueda resultar desfavorable para ella, sobre todo cuando se trata de una reducción de su poder adquisitivo, aunque disfrazado con grueso maquillaje sintáctico, para evitar su propagación y rechazo entre las mayorías.

Y aunque atentar de manera velada contra instituciones que representan los intereses de la ciudadanía, debiera estar penado como delito, hemos llegado a un punto en que este tipo de acciones se han convertido en rutinarias en nuestro país, sin que nadie ponga freno jamás, a tamaño despropósito.

Es tal la maraña de corruptelas y delitos no tipificados que se cometen a diario contra nosotros, que ya ni siquiera sentimos el dolor de las heridas que se nos inflingen, soportando estoicamente el ser vejados, lacerados o defraudados de manera sistemática por los que un día elegimos para representarnos, como si estos hechos fueran inherentes al cargo que ocupan y no quedaran otras opciones para nosotros.

Pero no es verdad que los políticos hayan de ser necesariamente truhanes, ni que hayamos de ser sumisos ante su desvergüenza. Su falta de honestidad, su reiterativa mendacidad y su apego a lo material, por encima de los intereses de los pueblos,

no puede ni debe ser perdonada, si se quiere pertenecer a un mundo limpio, digno y consecuente con los valores de la humanidad.

Por favor, que nadie vuelva jamás a votar a individuos como éstos, en beneficio de todos.