La imagen de la pobreza

Varios municipios españoles, incluido Madrid y el turístico Banidorm, se afanan en promulgar medidas para acabar con la creciente mendicidad en las calles, en un descarado intento de esconder a la mayor rapidez, la imagen de la pobreza extrema que hasta nosotros han traído la crisis y la mala gestión de nuestros nefastos gobernantes.

Se excusan alegando que existen en el territorio nacional, mafias organizadas que cuentan entre sus filas con legiones de mendigos y que estos actos constituyen una explotación del ser humano, inaceptable en nuestra democracia y ciertamente, es verdad lo que dicen, aunque en este momento y cada vez con mayor asiduidad, es fácil ver por las esquinas de las ciudades, a padres de familia de alrededor de cincuenta años, a los que su desesperada situación laboral no les deja otro remedio que suplicar una limosna, apelando a la solidaridad de los otros ciudadanos.

El verdadero sentido de estas medidas, que pasan incluso, por devolver a su lugar de origen a los que no puedan demostrar que residen en el lugar en el que piden, subiéndoles a un autobús pagado por los Ayuntamientos, no es otro que limpiar de elementos políticamente incorrectos la imagen de los pueblos y ciudades de España, en un intento de ocultar la auténtica realidad que viven un nutrido grupo de familias, a las que no queda otro remedio que mendigar para subsistir, debido al desamparo en que las han dejado las Instituciones.

Pero trasladar el problema, no significa que no exista, ni que todos los indigentes que pululan por la geografía nacional se encuentren bajo la amenaza de los mafiosos.  Muy al contrario, la extrema pobreza que les ha llevado en muchos casos, a tomar la decisión más difícil de sus vidas, teniendo que superar la vergüenza que produce mendigar, para quién siempre se ganó el pan honradamente, es el fruto que entre nosotros ha dejado la desastrosa política laboral que ha permitido la libertad de despido y el robo descarado de derechos fundamentales que estamos sufriendo los españoles, gracias a los errores de este gobierno.

La prueba es que en lugar de activar la actuación inmediata de los servicios sociales con que cuentan los ayuntamientos, para tratar de solucionar con ayudas, la desesperación de la gente, se opta por esconder la realidad evitando que adquiera una  importancia que podría provocar un estallido social, en exigencia de que se atendiera a estos ciudadanos, a los que se ha colocado en situación de exclusión inexcusable, relacionada directamente con la mala actuación de los políticos.

Y sin embargo, el aumento de la mendicidad, debe preocuparnos, en tanto en cuanto, las personas que en este momento se ven obligadas a ejercerla, son, en efecto, ciudadanos de a pie, como nosotros. Ciudadanos que no proceden ni de la marginalidad, ni de la picaresca, que no piden para inyectarse una dosis de droga, sino para comer y que han llegado hasta aquí, habiendo agotado todos los recursos.

Son pues, responsabilidad de quien ahora mismo se sienta en la Moncloa y es por tanto, Rajoy, quien debe hallar la solución a su problema, a ser posible, propiciando la creación de puestos de trabajo que les devuelvan a la normalidad de la que antes disfrutaban y que han ido perdiendo gracias a la aprobación de la Reforma Laboral y la dureza de los recortes.

 Ambas medidas han sido tomadas por su gobierno, el mismo que ahora trata de convencernos de que lo peor ha pasado.

La existencia de esta nueva legión de indigentes, demuestra fehacientemente que no y, naturalmente, no conviene a su plan, que los demás nos enteremos.

La tragedia de Lampedusa

En este mundo globalizado en que nos ha tocado vivir, donde el dinero es el nuevo Dios al que todos adoran, la vida de los seres humanos y más aún, si proceden de países anclados en el subdesarrollo, ha dejado de tener importancia.

Mientras los términos macroeconómicos se van incorporando al lenguaje de los europeos y las naciones del sur nos compadecemos de nuestra suerte, envidiando y odiando el poder usurero que nos esclaviza, hombres, mujeres y niños  procedentes  de la más absoluta miseria, siguen arriesgando la piel con el sueño de arribar a lo que ellos consideran el Paraíso, tratando de encontrar, en todos los casos, una vida mejor.

Un número escandaloso de ellos han perdido la vida en el intento y en esta zona de España, conocemos por experiencia propia la dureza de su tragedia, pero el reciente naufragio de Lampedusa y los más de  doscientos ataúdes puestos en fila, sobre el suelo de la tierra prometida italiana, pone en evidencia la magnitud de este fenómeno casi cotidiano y viene a tocar hondamente la conciencia de los hombres y mujeres de bien, escandalizados por la indiferencia que demuestran los dirigentes de la Comunidad, ante el horror de estos sucesos.

Tratar de convencerse de la inutilidad de estos viajes con riesgo de muerte, culpando a la crisis de no poder acoger a los desheredados de otras tierras, no acabará con el problema que late en las entrañas del Continente africano, ni atajará los ardides de las mafias que organizan sin garantías la entrada en Europa de esta pobre gente, a cambio de dinero, ni borrará de las playas las escenas escalofriantes de la multitud de ahogados que luchaban para cumplir un sueño, pero es fácil esgrimir argumentos que hagan calar en la población sentimientos xenófobos, ahora que ya no necesitamos de esta mano de obra barata que en tiempos de bonanza, se empleaba para ocupar los puestos de trabajo que desechaban los oriundos, en la escala más baja del mundo laboral, sin contratos y sin papeles.

Todos hemos tenido la culpa de consentir el despropósito de la integración simulada de los que nada traían, acomodados, como estábamos, en el ahora perdido estado del bienestar, mientras jugábamos a vivir como ricos y las consecuencias de nuestra tácita complacencia afloran ahora, en nuestras horas bajas, recordándonos con las imágenes de su terrible realidad, la magnitud de nuestro pecado de soberbia.

Nada harán los magnates de Bruselas por remediar la desventura de los que mendigan un pedazo de pan para poder asegurar la supervivencia, ocupados como están, en intentar que los hermanos pobres de la Comunidad, devuelvan el montante de los rescates recibidos, pero es que además, la deshumanización que demuestran ante la sobrecogedora presencia de la muerte es tal, que no les temblará la mano para devolver a sus países de origen a los supervivientes.

Y aunque los ciudadanos de a pie presintamos que el drama que ahora vive esta gente, bien pudiera ser el nuestro, en un mañana próximo, la distancia que nos separa de los que detentan el poder impedirá, seguro, la resolución del conflicto.

Tal vez convendría recordar que el sufrimiento de los que proceden de las naciones africanas se debe, casi íntegramente, al estado en que quedaron aquellas tierras, después de la colonización y explotación ejercida en ellas por parte de los europeos, que las abandonaron a su suerte cuando ya no quedaban recursos que esquilmar y habiéndose, en muchos casos, enriquecido opulentamente, de su antigua  prosperidad y del servicio de sus gentes.

Es pues, responsabilidad de todos, remediar en lo posible, la miseria actual que padecen y aunque solo fuera por mera compasión, acoger con misericordia a quienes vienen, ofreciéndoles, al menos, alguna dosis de consuelo.

Los que yacen hoy mismo en suelo italiano y que nunca recobrarán la vida, lo merecen. Aunque no sea más que por el valor de haber intentado rozar esta tierra, creyendo que en ella encontrarían al fin, un poco de felicidad.

Congelación salarial

Por si todavía quedaba algún incauto, que pensara que los recortes habían terminado, Rajoy se apresura a congelar el salario mínimo interprofesional, para el año 2014, dando la espalda nuevamente, a las necesidades de los más débiles, que llegado a este punto son, la mayoría de los españoles que han tenido la suerte de conservar el trabajo.

Mientras que en la nueva partida presupuestaria, se incrementan las subvenciones que recibirán los políticos, la  medida de congelación salarial viene a confirmar el desprecio con que este gobierno contempla las necesidades que abruman a la mayoría de su pueblo, en tanto en cuanto no se terminan los privilegios de que gozan los que detentan el poder y  se incrementan anualmente, sin que se tengan en cuenta en este caso, las consecuencias de la crisis.

Vuelve a cubrirse de gloria el PP, apretando la soga alrededor del cuello de los ciudadanos, sin pensar que igual que en el caso de los pensionistas y funcionarios, al mermar el poder adquisitivo de los que perciben el salario mínimo, también acabará por incidir en contra del consumo  , cercenando cualquier posibilidad de remonte para el país, al menos durante el año que viene.

Encerrado en una burbuja insonorizada, a la que no debe llegar el clamor popular que se manifiesta unánimemente en contra de estas medidas, Rajoy, con los ojos puestos en la voluntad de Bruselas, vuelve a caer en el error de exigir más sacrificios a la indignada ciudadanía, que más pronto que tarde, acabará por estallar, víctima de la continua provocación a que es sometida por la agresividad que contra ella practica el Gobierno.

Entretanto, la estrategia de repetir en todas las comparecencias públicas que la crisis ha terminado y los manipulados aplausos recibidos, de parte de los militantes y pocos partidarios del PP, se clava como una daga envenenada en el corazón de los españoles, hartos como están, de sufrir el acoso diario de estas mentiras, que su desastrosa situación personal rebate, con amplias raciones de carencias.

No es de extrañar, pues, que los que menos tienen, se vean obligados a recurrir a la economía sumergida para lograr sacar adelante la economía familiar, echando mano de cualquier tipo de trabajo que surja, bien a cargo de otros particulares, o de la multitud de empresarios sin conciencia que aprovechan su situación, para ahorrarse los gastos que les acarrearía un contrato legal, con sus correspondientes retenciones e impuestos.

Este pecado venial, perdonable por la necesidad que obliga a quienes lo cometen, nada tiene que ver por ejemplo, con las millonarias corruptelas que se perpetran con total impunidad y que sin embargo, son justificadas a base de sentencias mínimas, para no volver a ser perseguidas jamás y sin que se devuelvan, en ningún caso, las cantidades sustraídas de las arcas públicas de las que depende el futuro de todos.

¿Qué espera Rajoy que haga un padre de familia desempleado, subsidiado, o al que se acaba de congelar un sueldo que no llega a setecientos euros, para cubrir las necesidades básicas de los suyos, gracias a la política que desde Moncloa se practica?

Desafortunadamente, los ciudadanos no tienen a su alcance, como otros, fondos que desviar hacia paraísos fiscales, ni la oportunidad de extorsionar a constructores y grandes empresarios para obtener suculentos sobresueldos.

Pero esto sí parece natural. Cuando se trata de políticos…la absolución está garantizada.

Una nueva injusticia

La sentencia del caso Malaya, que puso al descubierto una trama de corrupción en Marbella que había dejado al municipio andaluz en la ruina más estrepitosa, vuelve a defraudar la esperanza de los españoles, aplicando penas irrisorias a todos los implicados y demostrando, una vez más, que los delitos fiscales en este país, salen prácticamente gratis, a quienes los cometen.

Ni siquiera la importancia mediática que se ha dado a este caso, por la fama de muchos de los acusados y el lujo excesivo del que disfrutaban muchos de ellos, gracias al dinero obtenido directamente de las arcas del Ayuntamiento marbellí, ha sido suficiente para que la contundencia de la sentencia sirva de ejemplo a los que tienen causas similares pendientes  y que ahora deben estar frotándose las manos, al comprobar la magnanimidad de los jueces.

No se puede explicar qué extraño sortilegio posee a los encargados de administrar justicia cuando el asunto que se juzga tiene que ver con políticos, ni qué entresijos guarda el código penal español, que permite que los encausados en delitos fiscales no se vean obligados, por ley, a devolver la totalidad del dinero robado, además de eludir, en la mayoría de los casos, las penas de cárcel, o pasar en ella menos tiempo que cualquier ladrón de poca monta que da un tirón a una señora en la calle, o ejerce de mula en un vuelo caliente, procedente de Iberoamérica.

Se tarda tanto tiempo en sentar en el banquillo a estos acusados de guante blanco y profesión privilegiada, que indefectiblemente, todas estas historias se acaban diluyendo, casi siempre por la gravedad de otras que suceden después, perdiendo toda la fuerza que tuvieron al principio de la investigación y quedando relegadas, como decíamos recientemente, a simple agua de borrajas.

Lo mismo que acaba de suceder en el Malaya, terminará pasando, ya verán, en el caso de Bárcenas o en el de Urdangarín, que tanta tinta han hecho correr en los últimos tiempos.

Aunque las culpabilidades estén más que probadas y el montante de los delitos supera con creces, las cantidades que serían necesarias en este momento para ayudar a la superación de la crisis, puede más la indecisión de los fiscales al acusar y la interpretación de manga ancha que suele hacerse de las leyes, que el mismo afán de quienes los juzgan, por esclarecer la verdad y penar a los corruptos con lo que ciertamente merecerían, por la gravedad de sus faltas.

Pese a que nadie quiera decirlo, los corruptos atentan todos ellos, contra la totalidad de la sociedad, apropiándose de dinero que estaría destinado al bienestar común y que, al desaparecer, hace imposible cubrir ciertas necesidades que para muchos ciudadanos son de primer orden y que debieran, por tanto, ser prioritarias para los que, supuestamente, les representan, gracias a la generosidad de sus votos.

Por el contrario, esos ingresos tan preciosos, acaban por engrosar las cuentas de quienes los roban en paraísos fiscales, sin que en el país, ni en Europa, se haga una sola alusión al tema, ni se legisle en consecuencia, probablemente por temor, a que la verdad salpique de lleno a gente que ocupa cargos de demasiada responsabilidad y que no hacen otra cosa que exigir sacrificios a la ciudadanía, mientras los delitos proliferan como hongos y los delincuentes exhiben su impunidad, sin recato.

La nueva decepción sufrida, no puede ni debe, no obstante, hacer que para nosotros este tipo de sentencias se conviertan en una rutina, con la que tenemos, forzosamente, que convivir, sin ninguna esperanza de que el Sistema cambie.

Muy al contrario, estas sentencias, son un añadido más a la enorme lista de causas que los políticos tienen pendientes con la sociedad y por tanto, resultan imperdonables.

La manera de hacerlos pagar no es otra que, a la primera oportunidad que se tenga, apearles de sus cargos, a ser posible, impidiendo que nunca más puedan volver. No hay peor expiación que el olvido.

Agua de borrajas

La percepción que tuvimos todos los españoles cuando se destapó el caso Bárcenas y los periódicos publicaron los papeles que implicaban a la plana mayor del PP en el oscuro asunto de las supuestas donaciones y los sobresueldos, fue la de que estábamos asistiendo al más grave asunto de corrupción, de cuántos hasta entonces se habían conocido y que exigía, por tanto, una respuesta contundente por parte de la justicia, al hallarse entre los nombres revelados, incluso hasta el del mismísimo Presidente.

También creímos, ilusos de nosotros, que la prensa de investigación, tan abandonada en los últimos tiempos, por evidentes razones partidistas, retomaba el camino de intentar el esclarecimiento total de lo que había estado ocurriendo durante más de veinte años tras las paredes de Génova y que contaba con la información suficiente para mover los cimientos del Partido conservador, intentando que la verdad resplandeciera por encima de todas las cosas, cayese quién cayese.

Pero el tiempo, que siempre suele jugar a favor de los presuntos delincuentes y  la poca voluntad demostrada por todos aquellos organismos a los que abarca esta extensa red de infinitos tentáculos, han empezado a desdibujar las certezas que en un principio parecieron incontestables y los mecanismos legales, creados por y en beneficio de los políticos, parece que van a conseguir que al final, todo quede en agua de borrajas.

No es de ley que los más altos cargos de las Instituciones pertenezcan, por tradición, a la formación que consigue el gobierno y que sistemáticamente, cada cuatro años, sean relevados de sus puestos, si cambia el signo del poder.

Siendo así, la disciplina les obliga a proteger con uñas y dientes la integridad de los compañeros, cuanto más, si se ven envueltos, muy a su pesar, en asuntos oscuros de los que resulta difícil salir y  en los que se agradece, no quieran saber de qué modo, cualquier ayuda que se pueda prestar y que aleje de ellos cualquier indicio de ilegalidad, como ocurre en el caso que nos ocupa.

Es por eso que sucede a menudo, que existiendo indicios más que probados de la culpabilidad de ciertos individuos, los organismos que tendrían que ejercer una mayor colaboración para el esclarecimiento de los hechos, encuentran enrevesados entresijos legales con los que abrir ranuras por las que dejar escapar a los principales encausados, unas veces por haber prescrito el delito, otras, por ser las cantidades manejadas inferiores a las que lo constituirían y otras, separando esas cantidades, una a una, obviando que la totalidad sobrepasaría, sobradamente, los topes a los que castigan las leyes.

Hacer la trampa se ha convertido para la clase política en algo casi tan importante, como hacer las leyes y de ahí, que los ciudadanos no podamos dar crédito a lo que vemos y que la impunidad para los autores de delitos de corrupción, se haya convertido en habitual, sin que ninguno de ellos llegue a pagar, jamás, por la vileza de sus acciones.

La milagrosa intervención de Hacienda a favor de los argumentos esgrimidos por el PP en el caso de Bárcenas, prueba fehacientemente que los políticos de este país son, por norma, siempre inocentes, sin que nunca se pueda demostrar lo contrario.

Pero los que albergamos la esperanza de que todo es factible de ser cambiado, esperábamos que el coraje de los jueces, a los que se niega así, cualquier posibilidad de administrar justicia, pudiera contrarrestar de algún modo este método de obstrucción, apelando a recursos que el código penal pudiera ofrecerles, para que estas infracciones que atentan, directamente, contra el bien de la sociedad, pudieran ser condenadas, cayendo sobre sus autores, todo el peso de la Ley.

Unos, como el juez Castro, lo intentan denodadamente y no parecen estar, a pesar de los contratiempos y las presiones, dispuestos a rendirse, pero el Juez Ruz, es hasta ahora, sobre todo por su provisionalidad, una incógnita cuyo resultado queda aún por establecer, sin que nadie sepa cuáles serán sus próximos pasos, ni si finalmente decidirá apostar porque prevalezca la verdad, aunque cayera el mismo gobierno.

 De su futura actuación depende, en mucho, que los ciudadanos podamos recuperar, o no, la confianza en la existencia de una justicia igualitaria y en la resolución de este caso, estriba, sentar un precedente absolutamente necesario, para que los que en un  futuro sientan la tentación de hacerse con fondos públicos, por métodos que todos conocemos, lo olviden.  

Yo también quiero un referendum

Precisamente cuando Rajoy afirma que hemos dejado atrás la recesión, 25.724 nuevos parados, caen como una losa contradiciendo su argumento y demostrando que, como sostenemos todos los demás, seguimos inmersos de lleno en el maremoto de la crisis.

Los 31 puestos de trabajo creados en agosto y tan cacareados como un dato positivo por parte de los populares, probablemente se trataban de empleados contratados de urgencia por el sector de la hostelería, a raíz del relativo éxito de turismo que se ha conseguido este verano, pero que la llegada del Otoño empezará a desinflar, como demuestran estas cifras.

Ninguna de las medidas tomadas por este gobierno y menos aún su Reforma Laboral, han conseguido frenar la marcha galopante de la caída del empleo y por ende, no hacen más que traer consigo una drástica caída del consumo, que sería lo único que podría reactivar al país, revirtiendo después por lógica, en la creación de los puestos de trabajo que con tanta urgencia se necesitan.

Pero como parece que Rajoy está convencido de su infalibilidad a la hora de gobernarnos, en su último consejo de Ministro volvió a aprobarse una nueva congelación salarial para los funcionarios públicos, además de la consabida subida del 0,25% de las pensiones, desligándolas de la subida del IPC, como todos sabemos.

Y dado que estos dos numerosos colectivos eran, hasta ahora, los únicos que hacían posible la viabilidad del sector del comercio, la bajada de poder adquisitivo que producirán estos nuevos recortes, hace prever, casi con total seguridad, el cierre forzoso de  muchos pequeños comercios, por evidente falta de clientes.

Sin trabajo, nunca remontaremos. Lo sé yo y lo sabe la totalidad de un país que está a un paso de decidirse a provocar un estallido social de incalculables consecuencias. Lo sabe cualquiera que, teniendo un nivel normal de inteligencia, mire a su alrededor contemplando la realidad en que vive y saque consecuencias de por dónde se puede atajar esta interminable crisis que no parece tener fin.

El único que parece ignorar esta evidencia, es, precisamente, Rajoy. Y esa pretendida ignorancia de cómo detener la ruina que nos abate, resulta además, inexplicable, tratándose supuestamente, de un hombre con la formación suficiente para comprender algo tan simple.

Y sin embargo, delega el Presidente en una clase empresarial impresentable, la iniciativa de empezar a crear empleo, mientras le otorga patente de corso para despedir, acosar, amenazar y asfixiar a los trabajadores, con exigencias inauditas.

  Incumpliendo la obligación primordial para la que fue elegido, es decir, procurar el bienestar para la mayoría de los ciudadanos, se vale de su amplia mayoría en el Congreso para apoyar precisamente, a los dueños del capital, mientras abandona a su suerte a una sociedad que contempla atónita, su impotencia para poder hacerle saber, que está hasta los cojones de su absurda manera de hacer política.

Habiendo entrado en la vorágine de proclamar a los cuatro vientos que hay brotes verdes que demuestran que estamos saliendo de la crisis, los mas de veintisiete mil  nuevos parados serán, para Rajoy, meramente una anécdota.

Y cuando se caliente el ambiente y empiecen a llegar, una tras otra, las protestas de la ciudadanía, apelará de nuevo a las mayorías silenciosas, como único argumento para validar su comportamiento…y a otra cosa.

Yo, igual que el señor Mas, también pediría un Referendum, esta vez, para preguntar a los españoles si desean la continuidad de los populares en el gobierno.

El resultado podría, quizá, convencer al Presidente, de lo que realmente piensa sobre su gestión, este sufrido pueblo.

La impiedad

Ya era un clamor que las consecuencias de la crisis incidían con mayor presión sobre los débiles.

Ya sabíamos que la mayor parte de los recortes, aplicados por este Partido Popular, que se declara ferviente seguidor de los principios del cristianismo más ortodoxo, habían hecho mella en los sectores sociales más necesitados, privando a los dependientes de las ayudas que hasta ahora recibían y echando en cara a los receptores de los subsidios de cuatrocientos euros, su apatía para buscar trabajo o aceptar las chapuzas que les salían, en negro, para poder llegar al largo fin de mes.

Ya sabíamos que habían gravado las recetas, fundamentalmente de los pensionistas, con un canon que a muchos de ellos les cuesta plantearse no poder continuar los tratamientos que exige su enfermedad y que los despidos masivos de los interinos de la Sanidad y la Enseñanza, ha mermado considerablemente el nivel de atención en las Escuelas y en los Hospitales, en detrimento de todos nosotros.

Pero el decreto que obliga a cobrar un tanto por ciento, a los afectados de enfermedades crónicas, que incluyen sin ir más lejos, a los enfermos de cáncer y otras dolencias de extrema gravedad, sin contemplar edades o estatus sociales, cruza directamente la línea de lo moral y es la mayor impiedad que nuestros ojos hayan contemplado, venida de parte de los políticos que nos han gobernado, en todos los tiempos.

Cuánto más, cuando la medida procede de los mismos a quienes no duelen prendas en defender, por ejemplo, la abolición de la Ley del aborto, en una defensa a ultranza de lo que consideran la vida del no nacido, mientras se encargan de ir abriendo camino a la implantación de la Sanidad privada en este país, abandonando a su suerte a los nacidos que más lo necesitan, sin que su conciencia católico, apostólico, romana, haga que les tiemble la mano al firmar esta ley, que será una sentencia de muerte lenta y dolorosa, para todos aquellos que por razones meramente económicas, no puedan permitirse el lujo de asumir el coste de los carísimos tratamientos.

No sale ahora Rouco Varela, ni ninguno de los obispos que encabezaban las manifestaciones antiabortistas y contra los matrimonios entre homosexuales, en defensa de los derechos de estos enfermos, ni se oye a los Ministros de comunión diaria, incluida  Ana Mato, discrepar de las decisiones adoptadas por su jefe Rajoy, que colocan en tan amarga tesitura a las familias que, por desgracia, tendrán que aceptar el deterioro paulatino de sus enfermos.

 Nada importa si este sector de la sociedad es el que más consuelo precisa, en las horas amargas que vendrán, a causa de la indiferencia que provoca en el endurecido corazón de estos politicastros de turno, cuyo único objetivo se centra en satisfacer las necesidades de la banca y en cumplir con las pautas marcadas por una Europa avariciosa y exigente, ajena a cualquier mal que pueda afectar a los más débiles de su territorio.

Y sin embargo, duele en el corazón de los españoles esta indiferencia que marca claramente qué clase de personas nos están gobernando y hasta dónde  puede llegar el empeño en mantener un poder, otorgado también, por el voto de muchos de los que a partir de ahora, se verán afectados por la falta de ética que viene marcando la trayectoria de este PP, tan lejana de la que prometían sus discursos electorales y tan cercana a una deshumanización  absoluta, que ignora reiterativamente, las mayores necesidades de este pueblo.

Harían falta miles de convocatorias electorales para terminar de “agradecer” a Rajoy la implantación forzosa de sus múltiples decretos.

Espero que llegada la ocasión, aún nos queden fuerzas para demostrárselo. Por los que ya serán ausentes y por los que quedemos en pie, si es que no nos ha exterminado del todo, con alguno de sus recortes.